SEVILLA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -
Amelia Martínez Sánchez, auditora de la Cámara de Cuentas que participó en 2012 en el equipo de este órgano que fiscalizó a propuesta del Consejo de Gobierno de la Junta los expedientes de las ayudas sociolaborales a trabajadores y empresas concedidas por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo una vez que se abrió la investigación judicial de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha asegurado que detectó riesgo de menoscabo de fondos públicos.
Martínez ha declarado este miércoles como testigo en el juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta en el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis en los ERE entre los años 2001 y 2010.
La actual consejera de la Cámara de Cuentas, a propuesta del Partido Popular, ha manifestado que no ratifica el informe definitivo elaborado por la Cámara de Cuenta, tras el análisis de 102 expedientes de ayudas, recordando que ella emitió un voto particular en el mismo.
Este voto particular, según ha indicado, se basa en los cambios que sufrió el anteproyecto y el informe provisional, cambios que no se llevan a cabo por "criterios técnicos, sino por criterios del informe de la letrada de la Cámara de Cuentas".
CAMBIOS EN EL INFORME FINAL QUE NO RATIFICA
Entre los cambios ha apuntado la eliminación de varios puntos del anteproyecto, alguno de ellos sobre el convenio marco de 2001 firmado entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), por el que el ente pública abonaría las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo con fondos del programa presupuestario 31L que allegaría a IFA/IDEA a través de transferencias de financiación, una herramienta que, según las acusaciones, permitió eludir la fiscalización previa de las ayudas.
A juicio de Amelia Martínez, el convenio marco "necesitaba un desarrollo posterior para no quedarse como mera declaración de intenciones", y "nos quitaron las los párrafos de las explicaciones".
Sobre la encomienda de gestión entre la Consejería de Empleo y el IFA/IDEA y que venía a sustituir las transferencias de financiación, ha indicado que "también se quitó que ésta necesitaba de aprobación del Consejo de Gobierno", cambiándolo por párrafos que recogen que "no se sabe si era una encomienda o un encargo de gestión y que era una figura que presentaban dudas".
Otro de los puntos modificados, según ha indicado, señala que los gastos de las subvenciones han sido tramitadas y fiscalizadas presupuestariamente como transferencias de financiación durante el periodo investigado "sin que por la Consejería de Empleo, de Hacienda ni por la Intervención General de la Junta se adoptaran las medidas necesarias para solventar los incumplimientos que de manera reiterada habían sido manifestados en los informe de control financiero realizados a IFA/IDEA.
Con respecto a la actuación de IFA/IDEA y sus "incumplimientos" en el procedimiento de concesión de ayudas, Martínez ha señalado que ellos detectaron que "no había congruencia" entre el Programa de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF) y la contabilidad. "Reflejaban bien las transferencias en la contabilidad pero no en los PAIF".
ALGUNAS AYUDAS TUVIERON QUE PASAR POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
Además, hubo convenios particulares de ayudas que "tuvieron que pasar por el Consejo Rector e incluso por el Consejo de Gobierno" por cuestión de la cuantía. En concreto, las que era superior a 450.000 euros tenían que contar con el visto bueno del Consejo Rector y que eran superiores a 1,2 millones, del Consejo de Gobierno.
Igualmente, ha apuntado que actuó "como entidad colaboradora para otorgar subvenciones excepcionales sin contar con bases para ello".
A juicio de Martínez, las transferencias de financiación, en el caso que nos ocupa en este procedimiento judicial, "no tenían el destino que tenían que tener", que era cubrir actividades propias del ente al que se transfieren los fondos. "Las transferencias de financiación del programa 31L no eran necesariamente para el funcionamiento de IFA/IDEA".
SE DETECTÓ RESPONSABILIDAD CONTABLE
Tras todo esto y a preguntas del abogado del PP-A Luis García Navarro, Amelia Martínez ha asegurado que sí detectó riesgo de menoscabo y por ello se pidió informe al servicio jurídico de la Cámara. "Había determinados casos" en los que se detectaron responsabilidad contable, pero la Cámara de Cuentas sólo tienen función fiscalizadora, por lo que, como todos los informes que realiza este órgano, se remitió al Tribunal de Cuentas.
A su juicio, si la intervención de la Junta hubiera apreciado deficiencias graves y menoscabo hubiera tenido que realizar informe de actuación, si bien considera que se trata de un criterio subjetivo.
Tras concluir la declaración de Amelia Martínez, el tribunal ha dado por concluida la sesión de mañana de este miércoles, suspendiendo la fijada para la tarde, después de que esta semana hayan pasado 16 testigos por el juicio, alcanzando ya los 69. La vista oral se retomará el próximo lunes a las 10,00 horas.
