La agencia subraya el respaldo judicial en su pretensión de garantizar la legalidad en el acceso a las viviendas
CÓRDOBA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) ha rechazado este martes las críticas formuladas por la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH) de Córdoba sobre la actuación penal de dicho organismo contra dos familias y ha asegurado que "solo está actuando contra ocupaciones irregulares" con el objetivo de "garantizar la legalidad en el proceso de acceso a una vivienda del parque público autonómico para asignarla a las familias que más lo necesitan, según el registro municipal de demandantes de viviendas".
Así lo ha indicado la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía en una nota en la que ha detallado que el planteamiento de AVRA está siendo "avalado por diversas sentencias judiciales, como las que se han dictado en los últimos meses en Córdoba, las cuales condenan a quienes han ocupado de forma ilegal las viviendas, dado que estas familias disponen de recursos propios suficientes para dotarse por sí mismas de una vivienda en alquiler, sin necesidad de ocupar vivienda pública".
En consecuencia, las sentencias ordenan "dejar libres las viviendas, para que puedan ser adjudicadas a familias más necesitadas y que debe proponer el Registro de Demandantes del Ayuntamiento", según ha indicado la Consejería.
El parque de vivienda de la Junta de Andalucía, que gestiona la citada agencia, está destinado a "proporcionar una solución habitacional a la población más desfavorecida y con menos recursos". Así, la agencia actúa para "recuperar aquellas viviendas propias que han sido ocupadas de manera irregular, con el fin de adjudicarlas a familias con necesidad de alojamiento y escasos recursos y que respetan los procedimientos legalmente establecidos para acceder a estas viviendas".
AVRA sostiene que las familias afectadas por estas sentencias judiciales "tienen a su disposición también recursos y apoyo público para acceder a una vivienda privada en régimen de alquiler" y ha subrayado que los servicios sociales municipales son "los encargados de atender este tipo de situaciones, evaluar a las personas que las padecen y en el caso de que se constate la necesidad de vivienda, dirigirlas hacia el Registro Municipal de Demandantes, competente en la adjudicación siempre que existan viviendas públicas disponibles".
Por lo tanto, si las familias afectadas por las últimas sentencias judiciales han solicitado "reiteradamente vivienda social, sin éxito, como afirma la APDH, han debido hacerlo al registro municipal de demandantes de vivienda protegida, que es el que tiene que valorar la situación de los solicitantes mediante informe social, y ofrecerles vivienda cuando cumplen los requisitos y hay alguna vacante", ha indicado AVRA.
CUMPLIMIENTO DE LA LEY
La agencia ha manifestado que la decisión de "actuar contra las ocupaciones ilegales de viviendas trata de dar cumplimiento al mandato de la Ley de la Función Social de la Vivienda, que exige una actuar frente a aquellos casos de ocupación de viviendas sin título".
En este sentido, ha agregado que "si no se actuara así, se estarían amparando conductas al margen de la ley y se causaría un grave perjuicio a las familias que, a pesar de encontrarse en exclusión social, respetan los procedimientos para acceder a una vivienda". Por todo ello, la Junta está "decidida a preservar los derechos de estas familias, que reivindican celeridad y contundencia ante las situaciones irregulares".
