El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo
SEVILLA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -
El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha defendido este jueves ante el Pleno del Parlamento las contrataciones exprés de personal, apuntando que fueron negociadas con los sindicatos, y que han sido necesarias durante la pandemia del coronavirus.
Bendodo se ha pronunciado así tras ser preguntado por PSOE-A y Adelante Andalucía, ante el Pleno del Parlamento, sobre el hecho de que TSJA haya decidido suspender "la ejecutividad" de una convocatoria de empleo público lanzada el pasado mes de septiembre por la Junta para la selección de personal funcionario interino, en el marco de la pandemia de Covid-19.
El consejero ha querido precisar, ante todo, que no estamos ante una sentencia del TSJA, sino ante un auto, "que ha suspendido una de las 32 convocatorias exprés de la Junta".
Ha agregado que ese auto del TSJA sobre una sola de las ofertas publicadas se ha producido cuando la Junta ya llevaba un tiempo negociando un nuevo modelo de contratación tanto con el Servicio Andaluz de Empleo como con los sindicatos.
Además, según ha precisado, la mayoría de los contratos formalizados finalizan a final de año. Ha insistido en defender
que los contratos de emergencia han sido necesarios durante la pandemia, como por ejemplo para que hubiera más personal para tramitar los ERTE que se remitían al Gobierno central.
Por su parte, el diputado del PSOE-A Carmelo Gómez ha señalado que el TSJA ha puesto de manifiesto que los "contratos exprés" de la Junta eran "ilegales" y no estaban siguiendo el procedimiento a tenor a la ley. Ha denunciado que el Ejecutivo ha hecho un uso "torticero" de la norma y no puede "justificar la privación por parte de la administración de los derechos fundamentales de forma indiscriminada".
El diputado de Adelante Andalucía Ismael Sánchez ha criticado que la Junta defendiera ante el Parlamento que todas las contrataciones se habían hecho conforme a la legalidad y que se ajustaban a derecho, cuando el TSJA ha dicho que "se vulneran los principios de igualdad, mérito y capacidad para el acceso a la función pública".