La Cámara de Cuentas aconseja a la Junta "cuantificar" ahorros y "evaluar el impacto" de sus medidas de simplificación

SEVILLA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha realizado una fiscalización de las disposiciones sobre simplificación administrativa de la Junta de Andalucía tras la que ha emitido una serie de recomendaciones dirigidas a la Consejería "competente" en esta materia, y entre las que figuran las de "cuantificar los posibles ahorros en términos monetarios conseguidos con la implantación de las disposiciones sobre simplificación administrativa", y "evaluar los resultados e impacto de las medidas de simplificación administrativa, y publicarlo".

Así se recoge en el resumen del informe de dicho trabajo de fiscalización, difundido este miércoles por la Cámara de Cuentas y consultado por Europa Press, donde se precisa que se entiende por simplificación administrativa "el conjunto de acciones encaminadas a analizar, identificar, clasificar y realizar propuestas que mejoren los procedimientos administrativos, tanto en la reducción de cargas para la ciudadanía, empresas y organismos como en la agilización de los trámites internos propios de la administración pública".

De igual modo, las "disposiciones" hacen referencia "a los preceptos legales o reglamentarios, deliberaciones, órdenes o mandatos de la administración pública competente, así como a los medios empleados para ejecutar un propósito, finalidad u objetivo, ya sea mediante estrategias, por la aplicación de los recursos necesarios o a través de cualquier otro medio".

El objetivo de esta fiscalización es "concluir si las disposiciones sobre simplificación administrativa de la Junta de Andalucía han cumplido con los principios de eficacia, eficiencia y economía, y si existen áreas de mejora".

Este objetivo se desagrega en objetivos y subobjetivos más específicos formulados como preguntas sobre los que se emiten las conclusiones. El "alcance objetivo" de la fiscalización son las disposiciones sobre simplificación administrativa establecidas en su marco regulatorio y competencial. Son los conocidos como "decretos de simplificación administrativa".

En concreto, se trata del Decreto-ley 4/2019, de 10 de diciembre; el Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía; el Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía; el Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan medidas de agilización administrativa y racionalización de los recursos para el impulso a la recuperación y resiliencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto-ley 26/2021, de 14 de diciembre, por el que se adoptan medidas de simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía.

Existe otro Decreto-ley --el número 3/2024, de 6 de febrero, por el que se adoptan medidas de simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la Administración de la Junta de Andalucía y el impulso de la actividad económica en Andalucía-- que "no ha formado parte del alcance objetivo" de este trabajo de la Cámara de Cuentas.

De esta manera, el ámbito temporal de la fiscalización está "referido al periodo que transcurre desde la promulgación del primer decreto de simplificación administrativa en diciembre de 2019 hasta la finalización del ejercicio 2023".

ALGUNAS CONCLUSIONES

Entre las conclusiones de este informe figura la de que "el grado de cumplimiento de los objetivos deducidos del marco competencial, normativo y estratégico ha sido desigual, dependiendo de las actuaciones llevadas a cabo".

De igual modo, la Cámara de Cuentas explica --según se recoge en el resumen de su informe-- que "los órganos responsables de la planificación estratégica y del sistema de coordinación y seguimiento de las disposiciones sobre simplificación administrativa han aportado información sobre los resultados alcanzados", si bien "estos resultados no representan una evaluación del impacto de las disposiciones sobre simplificación administrativa".

"Concretamente, no se han aportado datos de volumetría, resultados e impactos estimados y/o alcanzados por las medidas de simplificación administrativas contenidas en los decretos de simplificación objeto de alcance", precisa el resumen del informe.

Por lo que se refiere al grado de satisfacción de los usuarios de las disposiciones sobre simplificación administrativa, "no hay constancia de la elaboración de encuestas y de la obtención y tratamiento de datos relacionados con las quejas, reclamaciones y satisfacción de las partes interesadas en los procedimientos administrativos que han sido simplificados", advierte también la Cámara de Cuentas.

El órgano fiscalizador ha concluido también que "los posibles ahorros en términos monetarios, conseguidos con la implantación de las disposiciones sobre simplificación administrativa, no han sido cuantificados".

Apostilla que, "en algún caso concreto, los preámbulos de los decretos de simplificación arrojan cifras estimativas del impacto de las medidas, pero no hay estudios de los resultados alcanzados que permitan contrastarlos con las estimaciones realizadas".

También señala la Cámara de Cuentas que "los decretos de simplificación, tras los numerosos cambios, presentan un cuerpo regulatorio que, a falta de evaluaciones de resultados tangibles, no favorecen la aplicación de la simplificación administrativa en el sentido literal de este término", es decir, "hacer más sencilla, más fácil y menos complicada la actuación de las administraciones públicas".

RECOMENDACIONES

Así las cosas, la Cámara de Cuentas ha formulado una serie de recomendaciones, entre las que destaca la de "elaborar un plan o estrategia de simplificación administrativa que tenga una estructura ordenada de medidas, actuaciones, objetivos, indicadores, sistema de seguimiento y evaluación, calendario, recursos destinados y fuente de financiación".

Otra recomendación es "cuantificar la inversión y el empleo realmente generado, así como las reducciones de plazo conseguidas con los proyectos agilizados, impulsados y coordinados por la Unidad Aceleradora de Proyectos", y "compararlos con las estimaciones realizadas", así como "realizar el seguimiento y comprobación del cumplimiento de los objetivos de dichos proyectos mediante la participación de las consejerías y entidades promotoras de los mismos".

"Continuar avanzando en la telematización de los procedimientos que la requieren, hasta alcanzar el grado avanzado de tramitación electrónica integral" es otra recomendación de este informe, al igual que la de "completar la puesta en funcionamiento de la red de oficinas de asistencia en materia de registro".

Otras recomendaciones son "completar las actuaciones de evaluación del Plan para la Mejora de la Regulación Económica en Andalucía en relación con la simplificación de requisitos, reducción de tiempos de tramitación y análisis del sentido del silencio administrativo de los procedimientos de tramitación directa con operadores que afecta al inicio o al ejercicio de la actividad productiva", y "obtener datos de volumetría, resultados e impacto de las medidas contenidas en las disposiciones sobre simplificación administrativa".

Finalmente, la Cámara de Cuentas recomienda a la Junta "elaborar encuestas, obtener y tratar de datos relacionados con las quejas, reclamaciones y satisfacción de las partes interesadas en los procedimientos administrativos que han sido simplificados", y aconseja "a los gestores responsables de los procedimientos susceptibles de simplificación administrativa de cada consejería (...) continuar y perseverar en la labor de simplificación e implementar el seguimiento y evaluación de los procedimientos administrativos objeto de su responsabilidad".