La Cámara de Cuentas detecta deficiencias en cuentas y ciberseguridad de las universidades públicas andaluzas

SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha publicado este miércoles el Informe de 'Fiscalización anual de las Universidades Públicas de Andalucía. Especial Referencia a la Ciberseguridad. Ejercicios 2022-2023', en el que ha emitido una opinión de fiscalización de cumplimiento de la legalidad con salvedades sobre las universidades públicas andaluzas tras analizar las cuentas, contratos y convenios correspondientes a los ejercicios 2022 y 2023, un informe que también incorpora una evaluación específica sobre ciberseguridad y que concluye que las instituciones académicas cumplen el 57% de los requisitos analizados conforme a la Guía del Centro Criptológico Nacional para la adecuación al Esquema Nacional de Seguridad (ENS).

El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, incluido en el Plan de Actuaciones de 2024 de la Cámara de Cuentas, abarca a las diez universidades públicas andaluzas y a sus entidades participadas, con el objetivo de verificar tanto el cumplimiento de las obligaciones de rendición de cuentas, contratación y convenios como el grado de implantación de medidas de ciberseguridad.

En materia de rendición de cuentas, la Cámara de Cuentas señala que la aprobación de las cuentas anuales de la Universidad de Córdoba correspondientes a 2022 y 2023 no se refirió a las cuentas anuales completas, sino a la liquidación del presupuesto y una memoria económica anual. Además, la aprobación relativa a 2022 se produjo fuera del plazo previsto en la normativa universitaria andaluza.

Asimismo, las cuentas rendidas por cinco universidades -- Córdoba, Granada, Huelva, Málaga y Pablo de Olavide -- fueron consideradas incompletas al no incorporar todas las entidades en las que mantienen participación mayoritaria, ejercen control efectivo o tienen consorcios adscritos. Entre las entidades no incorporadas figuran el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía, el Consorcio Campus de Excelencia Internacional en Agroalimentación, la Fundación General UGR-Empresa, la Fundación Universidad de Huelva, el Club Deportivo Universidad de Málaga o la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas, entre otras.

La Cámara también aprecia deficiencias en el contenido de las memorias contables. En el caso de la Universidad de Córdoba, la memoria no se ajusta a la estructura prevista en el Plan General de Contabilidad Pública, mientras que los estados contables patrimoniales correspondientes a 2022 y 2023 no fueron sometidos a auditoría externa completa. Los informes de auditoría incorporan además un párrafo de énfasis al no haberse incluido la totalidad de los estados contables ni todas las notas explicativas exigidas por la normativa.

Igualmente, en los ejercicios fiscalizados varias universidades presentaron memorias que no incluían la totalidad de las notas previstas en el Plan General de Contabilidad Pública o que incumplían las exigencias relativas a numeración y contenido mínimo. Según el informe, cinco de las diez universidades disponían de memorias incompletas en más de la mitad de las notas requeridas en al menos uno de los ejercicios analizados.

La Cámara destaca además carencias en la información sobre entidades dependientes recogida en la nota relativa a activos financieros y señala que únicamente cuatro universidades reflejan información sobre provisiones relacionadas con premios o gratificaciones de jubilación, pese a que todas cuentan con este tipo de medidas de acción social.

CONTRATACIÓN

Respecto a la contratación pública, el órgano fiscalizador concluye que todas las universidades remitieron las relaciones de contratos correspondientes a 2022 y 2023 dentro del plazo legal, excepto la Universidad de Córdoba, que en 2022 lo hizo fuera de plazo y en 2023 no presentó la documentación requerida.

En cuanto a la obligación de remitir los extractos de los expedientes contractuales que superan determinados umbrales económicos, nueve universidades cumplieron en 2022 y seis en 2023. La Universidad de Almería incumplió esta obligación en ambos ejercicios, mientras que Córdoba, Huelva y Málaga tampoco remitieron la totalidad de los expedientes exigibles en 2023.

Durante la fiscalización se detectaron diversas incidencias tanto en contratos mayores como menores. Entre los contratos no menores destacan problemas de completitud, deficiencias en la integridad de las relaciones remitidas, ausencia de identificación del procedimiento o del tipo de contrato, dificultades para la explotación de datos y discrepancias en los importes de adjudicación.

En los contratos menores, las principales incidencias estuvieron relacionadas con la omisión de los plazos de ejecución, la inclusión de contratos de servicios y suministros por encima de determinados umbrales sin especificar las excepciones legales aplicables, la ausencia de información sobre la tipología contractual y errores en los importes consignados.

INCUMPLIMIENTOS EN CONVENIOS

En materia de convenios, la Cámara de Cuentas indica que ninguna universidad remitió durante 2022 la información correspondiente ni las certificaciones negativas exigidas cuando no existían convenios sujetos a rendición. No obstante, durante los trabajos de fiscalización sí se tuvo acceso a las relaciones de convenios y a aquellos cuya contraprestación económica superaba los 600.000 euros.

Ya en 2023, una vez en vigor la nueva regulación sobre rendición telemática, únicamente el 50% de las universidades cumplió en plazo la obligación de remitir las relaciones de convenios. Tampoco cumplieron todas las universidades con la remisión de los expedientes de convenios que superaban el límite económico establecido.

La Cámara añade que solo la Universidad de Cádiz remitió la relación anual correspondiente a las entidades participadas durante 2023 y señala además incumplimientos de plazo en tres de los siete convenios rendidos.

Entre las principales incidencias detectadas figuran errores en importes y anualidades, problemas de formato que dificultan el tratamiento de la información, incumplimientos relativos a la vigencia de los convenios y la falta de adecuación de las relaciones remitidas a los requisitos establecidos por la normativa aplicable.

CIBERSEGURIDAD

El análisis específico sobre ciberseguridad concluye que las universidades públicas andaluzas responden afirmativamente al 57% de las cuestiones formuladas conforme al Perfil de Cumplimiento Específico para Universidades recogido en la Guía CCN-STIC 881, mientras que el 28% de las respuestas son negativas. El restocorresponde a respuestas parcialmente afirmativas o a cuestiones no aplicables.

Por áreas, el grado de implantación del modelo de gobernanza de tecnologías de la información alcanza el 63% en el conjunto del sistema universitario andaluz; el de la política de seguridad se sitúa en el 64%; y el del plan de adecuación al Esquema Nacional de Seguridad alcanza el 44%.

El informe identifica a las universidades de Granada, Sevilla y Jaén como las que presentan niveles altos de implantación tanto en gobernanza tecnológica como en política de seguridad y plan de adecuación, mientras que subraya las dificultades existentes para obtener la certificación del Esquema Nacional de Seguridad, de la que únicamente dispone una universidad pública andaluza.

Entre sus recomendaciones, la Cámara de Cuentas insta a reforzar los mecanismos internos de control y revisión de las cuentas anuales, mejorar la información relativa a entidades participadas, garantizar la rendición conjunta de cuentas de entidades dependientes y adoptar medidas que aseguren el cumplimiento de las obligaciones de remisión de información sobre contratos y convenios. Asimismo, recomienda implantar un plan calendarizado de adecuación al Esquema Nacional de Seguridad con responsabilidades definidas, recursos específicos y mecanismos periódicos de seguimiento.