SEVILLA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Cámara de Cuentas ha propuesto una serie de medidas y recomendaciones que permitan a la Junta de Andalucía llevar a cabo una ejecución eficaz y con mayor agilidad de los distintos proyectos orientados a agotar la financiación extraordinaria asignada derivada del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), elemento central del Instrumento Europeo de Recuperación 'Next Generation EU'.
Entre estas medidas, el ente fiscalizador incluye en su informe la simplificación y racionalización de todas las fases de los procedimientos, así como la implantación de actuaciones administrativas automatizadas.
Según recoge en su fiscalización, a 31 de mayo de 2022, el grado de ejecución global se situaba en el 4,99%, considerando lo ejecutado respecto del total de crédito presupuestado en los ejercicios 2021 y 2022.
A esta misma fecha, a Andalucía le correspondía un 17,24% (3.484,20 millones de euros) de fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por el Consejo de Ministro, respecto del total asignado a las comunidades autónomas (20.205,30 millones). A esto, hay que sumarle 126,59 millones de transferencias finalistas de la Administración General del Estado provenientes de 2020 asociadas al MRR. Por tanto, el total de los fondos vinculados al MRR asciende a 3.610,81 millones de euros.
De este total, más del 80% se destina a las siguientes políticas palanca: el 29,55% (1.067,00 millones) a la 'Agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación'; el 11,64% (420,44 millones) a la 'Modernización y digitalización del ecosistema de nuestras empresas'; el 20,14% (727,27 millones) a la 'Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades'; y el 19,15% (691,55 millones) a la 'Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo'.
Por entidad ejecutora, el 73,20% de los fondos se gestionan por las Consejerías de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio (22,71%, 820,02 millones); Educación y Deporte (18,03%, 651,11 millones); Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación (13,15%, 474,72 millones€); Hacienda y Financiación Europea (9,95%, 359,14 millones); y Agricultura, Ganadería y Pesca y Desarrollo Sostenible (9,36%, 337,87 millones).
Con estos datos, la Cámara de Cuentas aconseja formalizar los instrumentos jurídicos entre las entidades ejecutoras y las instrumentales en los que se recoja la forma de transferir los recursos y las obligaciones para la gestión de estos fondos.
De igual manera, recomienda impulsar la elaboración de guías, manuales u orientaciones que regulen, normalicen y coordinen la aplicación de criterios uniformes y homogéneos para todas las entidades ejecutoras sobre materias como subvenciones y convenios, publicidad y transparencia.
El ente fiscalizador apunta a la necesidad de analizar las cargas de trabajo previsibles en las entidades ejecutoras e instrumentales en la gestión de estos fondos, a la vista de las magnitudes presupuestarias asignadas, así como de los recursos disponibles e incluirlo todo en un instrumento global de planificación de recursos humanos.
La normativa obliga a autoevaluaciones periódicas en aras a conseguir que su cumplimiento se lleve a cabo siguiendo unas pautas y criterios comunes, pero la Junta no ha realizado ninguna. No obstante, sí se han rellenado los cuestionarios previstos en las normativa obteniéndose un riesgo promedio alto, "sin que conste la adopción de medidas tendentes a la reducción del mismo".
En cuanto al Plan de Medidas Antifraude para la gestión de estos fondos, la Cámara de Cuentas recomienda culminar las adaptaciones de mismo a las entidades que participan en su ejecución, evaluar el seguimiento de este plan e impulsar la elaboración de un código ético.
Por último, ha destacado que la Junta cuenta con información contable de la gestión de estos fondos y mensualmente obtiene un boletín interno con datos presupuestarios, pero llama la atención sobre la falta de una información global sobre el seguimiento de hitos y objetivos a nivel de la Comunidad Autónoma.
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