CÓRDOBA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba ha celebrado este miércoles que, "finalmente", la Junta de Andalucía "haya rescatado" el servicio de limpieza de los IES de Córdoba, "tal y como planteó" el sindicato a la Delegación de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Córdoba, "la cual ha resuelto, después de dos meses, la situación de las trabajadoras de Mabraser".
Esta era, según ha recordado CCOO en una nota, la empresa que tenía adjudicado el servicio de limpieza de 31 institutos de la provincia, así como el de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) y de la empresa municipal Cementerios de Córdoba, (Cecosam), "que también han resuelto el contrato" con dicha firma.
"Nos alegramos de que la Delegación de Desarrollo Educativo haya encontrado tres empresas para hacerse cargo de los lotes que tenía adjudicados a Mabraser y que subrogarán a las trabajadoras a partir del día 21, pero aquí no se acaba el tormento de estas trabajadoras, puesto que la adjudicación a las nuevas empresas no implica que vayan a cobrar las dos nóminas y media que se les deben ahora mismo, más la media paga de diciembre de 2024".
Así lo ha señalado la secretaria general del mencionado Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba, Esperanza Sánchez, quien ha explicado que "las trabajadoras tendrán ahora que reclamar las cantidades que les adeudaba Mabraser y que retiene la Delegación de Desarrollo Educativo. Muchas trabajadoras ya han denunciado, con el asesoramiento de CCOO, que tiene sus puertas abiertas para informar y acompañar a sus afiliadas y a cualquier trabajadora que lo necesite".
Para CCOO, es "lamentable que sean siempre las trabajadoras y trabajadores los que paguen el pato de estas situaciones, que se podrían evitar si las administraciones públicas, y en este caso la Delegación de Desarrollo Educativo de la Junta, no hicieran licitaciones a empresas que presentan bajas temerarias e hicieran el debido seguimiento del servicio".
En este sentido, Sánchez ha insistido en que "es necesario arbitrar medidas en los contratos de adjudicación y licitación de servicios externalizados que impidan a empresas sin la solvencia necesaria acceder a estas licitaciones, así como establecer cláusulas que permitan a las administraciones actuar de forma inmediata para evitar situaciones de indefensión, como la que están viviendo estas trabajadoras e, incluso, abonar las nóminas que las empresas puedan dejar de pagar, por ser las responsables últimas del servicio que se licita".