Codapa plantea bajar ratio "por imperativo legal" y se opone al reparto del fondo para educación con concertados

SEVILLA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Confederación andaluza de asociaciones de padres y madres del alumnado por la educación pública (Codapa) ha señalado que la bajada de la ratio el próximo curso "es una de las medidas que se deben adoptar por imperativo legal" para "garantizar" la seguridad en la aula, toda vez que "se oponen al reparto de los 2.000 millones del Gobierno para educación con los colegios concertados".

En un comunicado remitido a Europa Press, la Codapa muestra su "satisfacción" con el hecho de que se plantee iniciar el curso 100% presencial en septiembre, ya que "sería lo deseable". "No hay que olvidar, sin embargo, de dónde venimos y, en este sentido, hay que contemplar los distintos escenarios de cara a preparar el próximo curso", agrega.

Señala que la bajada de la ratio "es una de las medidas que se deben adoptar, no ya como recomendación, sino por imperativo legal para que no dejar al arbitrio de las administraciones su cumplimiento o no porque, de lo contrario, no se podrá garantizar la seguridad en las aulas". "No olvidemos, por otra parte, que la propia ministra de Educación, Isabel Celaá, ha recordado hoy que la distancia de 1,5 metros en los centros educativos es obligatoria por ley", manifiesta.

Por otra parte, desde la Codapa lamentan que la única aportación de Andalucía tras la Conferencia Sectorial de Educación "haya sido que se repartan fondos con centros privados, mientras se dedica a cerrar unidades públicas", al tiempo que "se oponen al reparto de los 2.000 millones del Gobierno para educación con los colegios concertados, como propone el consejero de Educación, Javier Imbroda".

"El necesario incremento de plantilla en la escuela pública para asegurar una vuelta al cole segura requiere de esos fondos", añade al respecto la Codapa, que afirma que la inversión pública "debe ser para la enseñanza pública, la única gratuita, laica, no segregadora, democrática, capaz de garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades de todo el alumnado, así como la única que garantiza el derecho a la educación del alumnado en el medio rural".

En este sentido, agregan que "no quieren un sistema educativo para quien pueda pagarlo". "La educación es un derecho universal reconocido. Por eso mostramos nuestro rechazo a que se sigan financiando negocios privados con dinero público", abundan los padres de la pública, quienes añaden que "si algo ha quedado demostrado en esta crisis es la importancia de los servicios públicos como la sanidad y la educación, cuyos recortes en los últimos años han aflorado en estos malos momentos".

"No sigamos maltratándolos derivando sus fondos a empresas con ánimo de lucro", concluyen.