El comité de Hitachi Energy en Córdoba expone a la Junta la "grave situación" que se vive en la fábrica

CÓRDOBA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Miembros del comité de empresa de Hitachi Energy en Córdoba, acompañados de la secretaria general de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, y del secretario general del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez, han mantenido este viernes un encuentro con el delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Adolfo Molina, y los delegados territoriales de Empleo e Industria, María Dolores Gálvez y Agustín López, respectivamente, para exponerles la "grave situación" que se vive en la fábrica cordobesa "por el bloqueo de la negociación del convenio colectivo por parte de la empresa, y su actitud antisindical".

Según ha informado CCOO en una nota, la representación sindical ha mostrado su "indignación por el ninguneo a la parte social y la falta de respeto a la plantilla", y ha rechazado la imagen que la empresa pretende dar de la representación legal de los trabajadores, "que está cumpliendo escrupulosamente con sus derechos y obligaciones y que lo único que quiere es que la empresa se siente a negociar con respeto, buena voluntad, buena fe y con la intención de llegar a un acuerdo".

Los miembros del comité, así como Borrego y Jiménez, han recordado a los representantes de la Junta que la administración andaluza ha concedido a Hitachi una ayuda de cuatro millones de euros para acometer la ampliación de la fábrica, pero que dicha ayuda "está vinculada al mantenimiento y a la calidad del empleo".

Por ello, la representación sindical ha reclamado a los dirigentes de la Junta "que intervengan y medien con la empresa para que reconduzca de inmediato su agresiva actitud hacia los delegados sindicales, y la política del miedo que viene utilizando contra la plantilla".

El comité y los responsables de CCOO han hecho hincapié en que están "dispuestos a poner de su parte todo el esfuerzo necesario para que la ampliación de la fábrica se lleve a cabo con éxito", pero que "no van a consentir que dicha inversión se pague a costa de establecer una doble escala salarial y abusar de la flexibilidad y las subcontratas".

Los delegados de la Junta "se han comprometido a trasladar la cuestión a sus respectivas consejerías, pero han aclarado que, en contra de lo que viene diciendo la empresa, la inversión de la Junta no se va a retirar por la huelga de los trabajadores, que es un derecho fundamental y que precisamente tiene que ver con la calidad del empleo".

Tras la reunión con los representantes de la Junta, la delegación se ha trasladado a la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, en donde han mantenido una reunión con la subdelgada en la provincia, Ana López Losilla, y con la jefa de la Inspección de Trabajo, Carmen Aumente, para ponerlas al tanto de "las irregularidades que la empresa ha venido cometiendo durante las jornadas de huelga, la última de ellas el cierre de la empresa sin previo aviso, impidiendo a los trabajadores que habían ejercido su derecho a la huelga acceder a las instalaciones a recoger sus pertenencias".

En este sentido, el presidente del comité de empresa, Álvaro García Leiva, ha reclamado a la Inspección "la máxima celeridad posible en la resolución de las denuncias presentadas", porque consideran que las actuaciones de la empresa "son desproporcionadas y no ajustadas a derecho y están vulnerando un derecho fundamental, como es el de huelga".

A pesar del cierre de la fábrica, "impuesto ayer por la Dirección y que no ha sido comunicado a la autoridad laboral, lo que podría ser constitutivo de una infracción laboral muy grave", numerosos trabajadores de la empresa "se han ido dando cita a las puertas de la planta, en donde se ha improvisado una asamblea para informar de las reuniones mantenidas este viernes".