Concentraciones de policías y guardias civiles en las capitales andaluzas en contra de la reforma de la "Ley Mordaza"

SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los aledaños de la Delegación del Gobierno en Andalucía y de las subdelegaciones provinciales han sido este miércoles el escenario de movilizaciones promovidas por diferentes sindicatos y asociaciones policiales, en contra de la reforma planeada por el Gobierno central del PSOE y Unidas Podemos en la Ley 2015 de Seguridad Ciudadana, la conocida por sus detractores como "Ley Mordaza" a cuenta de sus medidas en el ámbito de las protestas ciudadanas.

Estos sindicatos y asociaciones, reunidos en la plataforma "No a la España insegura", consideran que "los cambios que diversos partidos políticos quieren hacer en forma de enmiendas son un claro retroceso en la defensa de la protección del libre ejercicio de derechos y libertades de los ciudadanos, ya que lejos de mejorar una de las herramientas principales que tenemos todos los policías y guardias
civiles para nuestra labor diaria en defensa de los ciudadano, nos coarta a la hora de preservar nuestra integridad física, limita nuestra capacidad de prevención del delito, nos pone en riesgo por permitir que se nos grabe y difunda, así como pretenden eliminar que el insulto y la falta de respeto hacia los agentes no sea siquiera sancionada".

El Gobierno central, de su lado, defiende que se va a reformar la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana de 2015 porque "limita derechos constitucionales" como el de reunión y manifestación, pero se hará ofreciendo a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado un "marco jurídico que dote de seguridad a su actuación y preservando el orden público".

Según el responsable de Administración Local de CSIF Andalucía, Miguel Ángel Sáez, no obstante, esta reforma supone "una merma importante al principio de autoridad de los policías, lo que generará una gran inseguridad para los agentes a la hora de actuar, además de poner en riesgo su integridad física y la de sus propias familias al entender que se vulnera el derecho a la intimidad en relación a la identificación de los agentes".

Y mientras el Gobierno alega que la citada reforma afronta todavía meses de tramitación parlamentaria y que el compromiso del Gobierno es que el texto final ofrezca un "marco jurídico que dote de seguridad" a los agentes y también a los manifestantes", CSIF rechaza la modificación que "obliga a devolver a un sospechoso al mismo lugar en el que fue interceptado una vez que se le ha identificado en comisaría", así como que se pretenda "anular la presunción de veracidad, lo que puede suponer dejar impunes multitudes de delitos e infracciones, al tener la misma validez el testimonio" de un policía y el del resto de ciudadanos.