Archivo - Fachada de la sede del TSJA en Granada (Andalucía). - EUROPA PRESS - Archivo
CÓRDOBA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba que condena a un varón a una pena de dos años de prisión acusado de un delito continuado de fraude a la Seguridad Social, con la atenuante de dilaciones indebidas, y multa de 620.000 euros, tras supuestamente defraudar a la Seguridad Social unos 464.000 euros por no abonar seguros sociales de sus trabajadores y crear sociedades ficticias en el sector de la hostelería cordobesa.
Además, ha sido absuelta la hija del condenado y dos cafeterías de los delitos de fraude a la Seguridad Social que se les imputaban. Según recoge la resolución, el Alto Tribunal andaluz ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el letrado de la Administración de la Seguridad Social, en nombre y representación de la Tesorería General de la Seguridad Social y confirma la sentencia de la Audiencia de Córdoba, aunque cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).
En concreto, se da por probado que el varón ha ejercido durante varios años actividades empresariales en el sector de la hostelería, actuando ya como persona física o bien a través de varias sociedades mercantiles que, sucesivamente, ha ido creando "sin otra finalidad que rehuir el abono de los seguros sociales correspondientes a sus trabajadores y a sí mismo, sociedades ficticias y sin otra dirección que la del acusado, que han resultado insolventes por carecer de bienes y derechos, a pesar de haber mantenido una actividad económica de cierta importancia con entre 15 y 20 trabajadores contratados".
En esta "única mecánica defraudatoria", el día 29 de diciembre de 2009, el procesado constituyó una entidad mercantil para la explotación de una cafetería. Dicha sociedad causó baja en la Tesorería General de la Seguridad Social en fecha 30 de junio de 2012.
Mientras, la acusada, que en aquel momento era menor de edad, "ocupó nominalmente el cargo de administradora única de la sociedad hasta el día 30 de diciembre de 2010, fecha a partir de la cual asumió el cargo el acusado". Esta entidad dio lugar a una deuda a la Seguridad Social de 38.776 euros, que con intereses y recargos suma la cantidad de 65.826,23 euros.
Asimismo, el procesado, desde ese día, 30 de diciembre de 2010, se dio de alta en el Régimen General de la Seguridad Social como autónomo, situación en la que se ha mantenido hasta el día 31 de mayo de 2019, "sin que en ningún momento haya abonado la cuota de autónomo, lo que ha generado una deuda de 29.580,90 euros que se eleva a 43.288,30 euros, incluyendo intereses y recargos".
"Continuando con la actividad y con el mismo propósito defraudatorio el acusado", el día 1 de mayo de 2013, creó una entidad, a la que dio de baja el 10 de septiembre de 2014. En el período de actividad de esta sociedad ficticia se contrajo una deuda con la Seguridad Social por impago de cuotas de sus trabajadores, por valor de 91.611,98 euros, a los que sumados intereses y recargos hacen una deuda total de 143.702,16 euros.
A partir de esta fecha, "con el mismo fin defraudatorio", el procesado creó la entidad de cafetería con la que siguió operando hasta su baja el 2 de julio de 2018. En esta sociedad figuraban sus dos hijas, "que carecían de cualquier poder de actuación y obedecían órdenes de su padre; de hecho, éste hizo figurar como administradora de la entidad a una de sus hijas y acusada, entre el 2 de septiembre de 2014 y el 13 de octubre de 2015, si bien a partir de tal fecha asumió de nuevo el acusado el cargo".
Dicha entidad mercantil contrajo una deuda con la Seguridad Social por impago de cuotas de sus trabajadores, en el período de octubre de 2014 a noviembre de 2018 por importe de 149.165,7 euros, a los que sumados intereses y recargos hacen un total de 212.122,87 euros.
En este caso, los jueces exponen que "no consta que en el período en el que figuró como administradora la hija conociera nada de la gestión social o del impago de cuotas a la Seguridad Social".
"TRABAJADORES TRASVASADOS"
Además, los magistrados detallan que "el negocio de hostelería regentado por el acusado, si bien ha operado bajo diferentes códigos-cuenta de cotización, ha contado con unos mismos trabajadores que han sido trasvasados sucesivamente de una sociedad a otra".
La hija procesada estuvo dada de alta como trabajadora en la entidad de cafetería tras cesar como administradora de la entidad, entre el 15 de diciembre de 2015 y el 30 de junio de 2018, y más tarde se dio de alta como trabajadora de su hermana.
Su deuda propia hasta el día 10 de noviembre de 2021 asciende a 12.780,56 euros, con 7.857,23 euros como autónoma, y 4.923,33 euros como deuda propia y la derivada de la cafetería de 22.874,85 euros en el período de abril a julio de 2015. "No constan medios o actividad fraudulenta alguna en relación a esta acusada para el impago de las cuotas a la Seguridad Social", aseguran los jueces.
Además de la pena de prisión y multa, el acusado ha sido condenado a cuatro años de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social, a que indemnice a la Tesorería General de la Seguridad Social en la cantidad de 463.939,56 euros, así como al abono de una octava parte de las costas procesales, incluyendo las de la Tesorería General de la Seguridad Social.