MADRID 10 (EUROPA PRESS)
El Congreso de los Diputados ha dado luz verde, en el marco de Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, a una solicitud para que dicho tribunal realice un informe de fiscalización de los contratos de emergencia y de urgencia que se formalizaron por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) entre los años 2008 y 2017. La solicitud aprobada ha sido el resultado de un acuerdo en forma de transaccional a la que han llegado el PSOE, que presentó la propuesta inicial, y el PP, que ha incorporado modificaciones.
El PSOE había presentado para su debate en la comisión la solicitud al Tribunal de Cuentas del informe de fiscalización de contratos de urgencia y emergencia formalizados por la CHG entre los años 2012 y 2015, aunque durante el debate ha decidido proponer que abarque también el 2017. También durante la sesión el Grupo Popular ha planteado una enmienda en la que se modificaban, concretamente, los años sobre los que se solicitaba dicha fiscalización alargando el periodo desde el 2008 hasta el 2015.
Finalmente, el PSOE ha aceptado la propuesta del PP y se ha terminado aprobando la solicitud, a través de una transaccional, por unanimidad de la comisión.
El diputado del PSOE Antonio Hurtado, que ha sido el encargado de presentar la solicitud inicial, ha pedido al Tribunal de Cuentas "apoyo" para poder ejercer el "control" sobre la entidad de la CHG. Según ha explicado, desde su grupo se ha venido preguntando al Gobierno por los contratos que emitía dicha entidad entre el 2012 y el 2015 y "la información recibida es muy preocupante". "El Gobierno nos responde con una relación de 39 contratos que ascienden a unos 27 millones de euros. Esto no parece anormal salvo porque el Gobierno reconoce que el procedimiento utilizado para dichos contratos es de emergencia", ha dicho.
Sobre esto último, Hurtado ha detallado que dentro de los tres tipos de contratación que se pueden dar --ordinario, de urgencia y de emergencia-- es el de emergencia "el menos dilatado" y sobre el que "no se abre un expediente de contratación" siendo válido solamente la justificación de la emergencia.
"Es una adjudicación a dedo directa", ha aseverado, al tiempo que ha detallado que "estos 39 contratos tienen que ver con la compra de vestuario, reparación de aires acondicionados o seguridad" y esto "puede ser indicio de irregularidades".
Por el Grupo de Unidos Podemos, el diputado Joan Mena se ha posicionado a favor de solicitar al Tribunal de Cuentas el informe de fiscalización de contratos de la CHG porque "se ha hecho ya con otras confederaciones" y han "aparecido problemas de gestión". Para Mena es necesario dicha fiscalización de los contratos de emergencia y urgencia y, además, detallar recomendaciones y "cambo legislativos" que ayuden al "control interno" de estas entidades.
Desde el Grupo Popular, el senador Francisco Javier Fernández, ha manifestado su propuesta de incluir una ampliación de años a la propuesta socialista para que se fiscalicen los contratos de la CHG desde el 2008 al 2017 porque, según ha dicho, esta es una propuesta "más objetiva". "Tenemos que ser rigurosos a la hora de solicitar al Tribunal de Cuentas la modificación de su propuesta de informes que elaborará", ha dicho, al tiempo que ha destacado que "hay que ser restrictivo" también para hacerlo.
Por eso, el 'popular' ha abogado por solicitar el informe referido a un periodo de tiempo más alargado de casi diez años para que "no haya golpes de intereses particulares" y no se responda "solo sobre los años en los que ha gestionado la confederación el PP", tal y como proponía el PSOE. Por último, lo socialistas han aceptado que la fiscalización se realice desde el año 2008 y la votación se ha resuelto favorablemente.
