SEVILLA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -
Los decanos de las entidades colegiales que conforman el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (Cadeca) han señalado que el supuesto "veto" al abogado de 'La Manada', Agustín Martínez, con respecto a la intervención que iba realizar este pasado sábado en un curso sobre "sexualidad" organizado por la Universidad de Cádiz (UCA) en el que se iba a referir a la sentencia del Tribunal Supremo que ha condenado a 15 años de prisión a sus representados por un delito de agresión sexual ocurrido en los Sanfermines de 2016 es "intolerable".
En un comunicado, el decano del Colegio de Abogados de Cádiz, Pascual Valiente, --en cuyo ámbito territorial iba a tener lugar el acto--, por el decano del Colegio de Abogados de Sevilla, Óscar Cisneros, --en el que se encuentra colegiado Agustín Martínez--, así como el resto de los decanos integrantes del Cadeca han indicado que, "más allá de las circunstancias concretas concurrentes, que deberán ser objeto de aclaración por la Universidad afectada", quieren transmitir su "más enérgico rechazo" al veto o limitación a la intervención en el acto de ese letrado.
En este sentido, han apuntado que el concepto, ya sea veto, prohibición o restricción, "es irrelevante", pero el hecho de impedir la participación "es sumamente grave", por lo que han querido mostrar su apoyo a la decisión del decano emérito del Colegio de Abogados de Cádiz, el abogado José Manuel Jareño, de no participar en el acto.
"La libertad de expresión es un derecho fundamental que garantiza y protege la Constitución Española, que no puede ser restringida por motivos políticos, ideológicos o de otra naturaleza, menos todavía en los foros, como la universidad pública, que deben ser garantes del ejercicio de este derecho", han recalcado los decanos.
En ese aspecto, han subrayado que resulta "intolerable" cualquier actuación que directa o indirectamente sancione "la independencia del ejercicio profesional de la abogacía marginando al abogado por su intervención profesional en defensa de cualquier cliente y por cualquier delito".
Para los miembros del Cadeca, la asunción de la defensa por un abogado en el proceso penal "no supone la aceptación ni la conformidad del letrado con los hechos ni con la conducta de los autores", sino "el ejercicio de la altísima función que la sociedad confiere a los abogados en el Estado de Derecho, garantizando el derecho de defensa como el más sagrado de los derechos del proceso".
"Sólo desde la salvaguarda del derecho de defensa que prestan los abogados encuentra legitimación el ejercicio del 'ius puniendi' --facultad sancionadora-- del Estado", han concluido.
