El Consejo Andaluz Lgtbi será competente para elaborar un informe anual de situación y evaluación de políticas públicas

Publicado 07/07/2019 10:29:34CET
La consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, en el acto que mantuvo el Día del Orgullo LGTBI.
La consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, en el acto que mantuvo el Día del Orgullo LGTBI.JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El borrador del futuro decreto de creación del Consejo Andaluz Lgtbi, órgano de participación y consulta que contempla la Ley 8/2017 sobre los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas Lgtbi y sus familiares en Andalucía, prevé reservar 15 vocalías a la representación del movimiento asociativo del colectivo, y establece la competencia de este órgano para la elaboración de "un informe anual sobre la situación del colectivo Lgtbi" que supondrá igualmente "una evaluación de las políticas públicas previstas" en el Plan de Acción Interdepartamental.

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, anunció en la sesión del Pleno del Parlamento de este jueves 4 de julio que en el plazo del mes el decreto sobre el Consejo Andaluz Lgtbi pasaría por las manos del Consejo de Gobierno y que en septiembre se procedería a su constitución, aunque el decreto establece un plazo de tres meses para su formación a partir de la entrada en vigor del decreto.

El futuro decreto, a cuyo texto ha accedido Europa Press, contempla la presencia de los sindicatos de representación regional con dos vocales, un vocal de los empresarios y otro vocal a las universidades, mientras que el Gobierno andaluz tendrá 17 representantes en el Consejo Andaluz Lgtbi, cuatro de los cuales son de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación: la consejera, la viceconsejera y dos directoras generales.

Como ya explicara la consejera en la pregunta parlamentaria en Pleno, la futura norma establece que "las personas ajenas a la Administración podrán percibir dietas y gastos de desplazamientos", reconocimiento que se apoya en el decreto 54/1989 sobre indemnizaciones por razón del servicio de la Junta de Andalucía.

Las funciones del Consejo Andaluz Lgtbi abarcarán también la realización de "propuestas y recomendaciones de políticas públicas" para el colectivo, así como iniciativas que "promuevan la transversalidad del enfoque" de los derechos de las personas Lgtbi en la "puesta en marcha, seguimiento y evaluación de las políticas públicas sectoriales".

El Consejo Andaluz Lgtbi se pronunciará "con carácter preceptivo y en el ámbito de sus competencias" sobre los proyectos normativos y los planes de actuación que "sean sometidos a su consideración por la Administración", así como se prevé su consulta con carácter previo.

La norma en elaboración contempla situar al Consejo Andaluz Lgtbi como vía de "comunicación permanente con las instancias públicas y privadas" para garantía de los derechos de las personas Lgtbi y atribuye a este órgano consultivo la realización de "estudios sobre los principales problemas para el reconocimiento, restablecimiento, y garantía de los derechos de las personas que se reconocen Lgtbi, y de las familias homoparentales", así como la formulación de recomendaciones a la Administración Pública.

El futuro decreto declara al Consejo Andaluz Lgtbi como "un órgano colegiado de participación administrativa y de participación de las personas Lgtbi y de sus familiares", competente en el "asesoramiento, seguimiento, análisis y evaluación de las actividades para la búsqueda de la igualdad de trato, la garantía de derecho y no discriminación de las personas Lgtbi y sus familiares" de la Administración andaluza.

La Presidencia del órgano recaerá sobre la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, mientras que la Vicepresidencia Segunda la ostentará la Federación, Fundación, Coordinadora o Entidades, elegida en el Pleno de constitución del órgano.

Este órgano consultivo celebrará reuniones ordinarias, una en cada semestre, pero contempla mantener reuniones extraordinarias a iniciativa de la Presidencia, de la Comisión Permanente, o un tercio de las vocalías.

El Consejo Andaluz Lgtbi tendrá una Comisión Permanente, encargada de los asuntos que se someterán a consideración del Pleno, y en su seno podrán constituirse grupos de trabajo para "el estudio y análisis de temas concretos".

Las 15 vocalías de representación del sector descansará sobre diferentes modalidades de asociaciones. Cuatro vocalías ostentarán las federaciones o fundaciones de ámbito andaluz inscritas en el Registro General de Asociaciones de la Junta de Andalucía o del Gobierno de España; seis vocalías para las asociaciones que cumplan idénticos requisitos; y las cinco restantes se repartirán entre las asociaciones dedicadas a los derechos humanos de Andalucía que acrediten su trabajo con el colectivo Lgtbi; las asociaciones que trabajen VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual que acrediten su trabajo con el colectivo; las asociaciones dedicadas al trabajo sobre familias e infancia Lgtbi; las asociaciones cuyo trabajo sean familias e infancia de menores transexuales; y las asociaciones del entorno rural, circunscritas a los municipios menores de 50.000 habitantes, según establece la norma de creación del Consejo Andaluz Lgtbi.

Las 11 vocalías en representación del Gobierno andaluz se distribuirán entre los departamentos con competencias en administración local, memoria democrática, administración pública, universidades, educación, salud, justicia, empleo, turismo, deporte y cultura.

Tras la aprobación de la ley andaluza otras comunidades autónomas han adoptado iniciativas legislativas similares, como es el caso de Aragón, que ha aprobado la Ley 18/2018 de igualdad y protección integral contra la discriminación por razón de orientación sexual, expresión e identidad de género en la Comunidad Autónoma de Aragón, e incluye igualmente un órgano de asesoramiento como es el Comité Consultivo contra la discriminación por identidad o expresión de género.

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