El servicio, que financia la Consejería de Justicia e Interior, se reanudó en marzo y beneficia a la población reclusa
CÓRDOBA, 16 May. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Andalucía, el Gobierno central y los abogados cordobeses han constituido la Comisión Provincial de Seguimiento de Córdoba para coordinar la prestación del Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria.
Según han informado a Europa Press fuentes de la Administración autonómica, dicho servicio se reanudó el pasado mes de marzo en todas las cárceles andaluzas, aunque en el caso del Centro Penitenciario de Alcolea, en la capital cordobesa, no se había interrumpido este servicio por parte del Colegio de Abogados de Córdoba.
La citada comisión se ha constituido en Córdoba, según han precisado las mismas fuentes, con la asistencia de la directora general de Justicia Juvenil y Cooperación de la Junta, Carmen Belinchón, formando parte de la misma un miembro del Colegio de Abogados de Córdoba, la representación del centro penitenciario de la capital, y otra representación de la Delegación del Gobierno andaluz en Córdoba.
Esta comisión, al igual que las del resto de provincias andaluzas y la que se constituyó a nivel autonómico el pasado abril centralizan la coordinación del Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria, para velar por el buen desarrollo y prestación del mismo en los todos centros penitenciarios de la comunidad autónoma.
De este modo, la población reclusa puede solicitar desde marzo este servicio gratuito de Orientación Jurídica Penitenciaria, que financia la Consejería de Justicia e Interior y que prestan los colegios de abogados andaluces y por el que se le facilita a los reclusos asistencia sobre las cuestiones más comunes, como las relacionadas con permisos, traslados de centros, reclamaciones administrativas, procesos judiciales o asesoramiento sobre los requisitos de acceso a la justicia gratuita, entre otras.
Letrados especialistas en materia penitenciaria prestan la orientación jurídica en dependencias de las prisiones, en horas y días fijados por la dirección de cada centro, lo que, según la Junta, contribuye a mejorar también la convivencia en los centros penitenciarios andaluces.
El nuevo convenio para la reanudación de este servicio para la población reclusa fue firmado por la Consejería de Justicia e Interior, el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y el Ministerio del Interior el pasado 3 de marzo, tiene una vigencia de tres años prorrogables y está financiado al completo por la Junta, con una dotación inicial de 140.000 euros anuales.
El convenio establece un mayor control del gasto que hacen los colegios de abogados de los fondos públicos destinados a este servicio, a la vez que se prevé la elaboración de un plan de calidad y se regula la participación de Instituciones Penitenciarias y del Ministerio del Interior en la certificación de las asistencias o en el control de los horarios y días de prestación.
