CÓRDOBA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
La alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar (IU), afirmó hoy que el Consistorio esperará las determinaciones judiciales y las decisiones que tome el Gobierno sobre las funciones, competencias y posibilidades que otorgará directamente a los ayuntamientos, para abrir la fosa del cementerio de Nuestra Señora de la Salud.
En rueda de prensa, Aguilar explicó que el gobierno municipal ha decidido, por una parte, hacer realidad la Ley de Memoria Histórica y, por otra, están decididos a "facilitar a los familiares que todavía no han podido enterrar a sus seres queridos a hacerlo".
No obstante, aclaró que "es normal que, puesto que no se ha procedido a tomar ninguna determinación al respecto por parte del Gobierno, esperemos las determinaciones que se puedan tomar en el ámbito judicial".
De este modo, dijo que están a la espera de lo que se decida y aclaró que no le gustaría que "esto fuese un elemento de polémica cuando estamos en un Ayuntamiento que está decidido a facilitar a los familiares que puedan enterrar dignamente a sus seres queridos".
Insistió en que esperará a ver "qué dice el ámbito de lo judicial, a ver qué determinaciones toma el Gobierno de España, las actuaciones que realizan las comunidades autónomas; y en todo ese ámbito qué papel se da a los ayuntamientos y cómo han de determinar las actuaciones que se tengan que realizar".
Por otra parte, tras el auto del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por el que se inhibe a favor de los juzgados territoriales en el estudio de los delitos del franquismo, el Juzgado de Instrucción número 6 que recibió hace unas semanas un exhorto de Garzón para recabar la información necesaria sobre dicha fosa, ha decidido no seguir con las diligencias porque entiende que se ha paralizado el proceso.
Familiares del diputado del PSOE Luis Dorado, cuyos restos se cree que están en una fosa del cementerio de La Salud intentaron personarse como parte interesada en el Juzgado de Instrucción 6 hace unas semanas, aunque no pudieron hacerlo debido a que la única labor de ese órgano era auxiliar el procedimiento de Garzón.
Han afirmado además que "ya no van a seguir batallando" porque su recorrido judicial ha concluido, pero su nieto, Antonio Gutiérrez, se muestra convencido de que la exhumación seguirá adelante puesto que en su caso concreto no afecta esta determinación, ya que están acogidos a la Ley de la Memoria Histórica y tienen concedida una ayuda del Gobierno central para localizar, exhumar e identificar a su abuelo.
Ni el juez decano, Luis Rabasa, ni el presidente de la Audiencia Provincial, Eduardo Baena, conocen de qué manera afrontarán los juzgados de Córdoba el proceso abierto por Garzón sobre la Guerra Civil y el franquismo. Rabasa apuntó a la posibilidad de que, cuando se reciban los tomos de la Audiencia Nacional, la causa entre en el reparto ordinario de casos y se remita a un juzgado de instrucción. Baena, por su parte, dijo que "habrá que ver de qué acusa" Garzón y "a quién acusa", y apuntó que "lo primero sería abrir una causa penal" para autorizar mediante el derecho penal la apertura de las fosas.