MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -
El fiscal de la Audiencia Nacional Fernando Burgos pidió hoy al tribunal que condene a 367 años y tres meses de prisión al miembro de ETA Francisco Javier Gallaga Ruiz por su participación en el atentado cometido el 20 de mayo de 1996 en Córdoba contra miembros de las Fuerzas Armadas, en el que resultó muerto un sargento y heridas otras cuatro personas. El fiscal considera acreditado que el acusado cometió un delito de atentado, 24 asesinatos en grado de tentativa y estragos como cooperador necesario.
El Ministerio Fiscal elevó a definitivas sus conclusiones provisionales, al no tener "ninguna duda" de que los hechos son "tal y como aparecen" en su escrito de calificación, en las que mantiene que Gallaga Ruiz se incorporó en abril de 1996 al "Comando Andalucía", uniéndose en Sevilla a Mikel Azurmendi, Maite Pedrosa y Asier Ormazabal, condenados ya por este atentado. Gallaga Ruiz transportó desde Madrid el material necesario para la ejecución de los actos terroristas de este "comando".
Azurmendi, Pedrosa y Ormazabal fabricaron tres artefactos explosivos, dos de ellos se colocaron en sendas ollas metálicas que fueron introducidas en dos turismos que habían sido robados con anterioridad y que fueron aparcados en la Avenida Carlos III de Córdoba. El tercer artefacto se colocó en un contenedor de basura en la misma vía, en el preciso lugar de tránsito habitual de un autobús del Ejército.
Los etarras activaron los artefactos cuando el autobús, con unas veinte personas, llegó a la zona donde estaban colocados, logrando sólo la explosión del instalado en el contenedor. La deflagración causó la muerte del sargento Miguel Ángel Ayllón Díaz-González e hirió al capitán Antonio Duque Lozano y al alférez Antonio Granados Bermejo. Además, provocó lesiones a Manuel Espino Madueño y Antonio Lara Andreu que pasaban en su coche por el lugar.
Según el fiscal, el acusado deberá indemnizar con 180.303 euros, conjunta y solidariamente con los tres autores de este atentado, a los familiares del sargento fallecido. También pide que pague 3.000 euros a los herederos de Madueño, 90.000 euros al capitán herido y 3.000 euros a Lara Andreu.
Por su parte, la acusación popular, que ejerce la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), se adhirió a la petición de pena del Ministerio Público salvo con una leve rectificación relativa a la indemnización a las víctimas, excluyendo el pago solidario con el resto de los condenados.
DERECHO A NO DECLARAR
Ante la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional, Gallaga Ruiz se acogió a su derecho a no declarar y se limitó a negar su participación en los hechos delictivos que se le imputan. El fiscal recordó que en la declaración indagatoria del imputado ante el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, éste reconoció pertenecer a la banda terrorista, aunque no su integración en el 'Comando Andalucía'.
Los ya condenados Mikel Azurmendi, Maite Pedrosa y José Luis Barrios Martín declararon como testigos ante el tribunal y negaron cualquier relación con el imputado. Sin embargo, las declaraciones que efectuaron ante la Guardia Civil tras su detención en Sevilla en Marzo de 1998 señalaban que Gallaga Ruiz se incorporó al 'Comando Andalucía' en abril de 1996 y proporcionó el material para la ejecución del atentado terrorista en Córdoba contra un autobús de miembros de la Guardia Civil.
Los tres etarras coincidieron en señalar que las citadas declaraciones se realizaron tras ser torturados, aunque esta versión fue desmentida por un médico forense que aseguró ante el tribunal que los acusados no presentaban "huella física o psíquica alguna de haber sido maltratados".
