7 de junio de 2020
 
Publicado 07/02/2020 18:06:53 +01:00CET

CSIF alerta del riesgo de pérdida de empleo en las 15 oficinas liquidadoras de la Junta en Córdoba

CÓRDOBA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

CSIF ha criticado este viernes las "consecuencias" del convenio de colaboración firmado recientemente entre la Agencia Tributaria de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía y los registradores de la Propiedad y Mercantiles de Andalucía, pues dicho convenio "pone en peligro el empleo en las oficinas liquidadoras" en los citados registros.

De igual forma y según ha señalado el sindicato en un comunicado, también se pone en riesgo "la atención cercana que estas oficinas prestaban hasta ahora a la ciudadanía en la gestión de determinados tributos, fundamentalmente en zonas rurales".

Desde CSIF se ha explicado que, en virtud del nuevo convenio que regula, a través de una encomienda de gestión, la colaboración entre la Agencia Tributaria Andaluza y los registradores de la Propiedad, "se ha despojado a muchas oficinas liquidadoras de sus principales funciones, que han quedado reducidas a la recepción y tramitación de declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones de datos, así como a información y asistencia tributaria".

En el caso de Córdoba existen 15 oficinas en los municipios de Aguilar de la Frontera, Baena, Bujalance, Cabra, Castro del Río, Fuente Obejuna, Hinojosa del Duque, La Rambla, Lucena, Montilla, Montoro, Posadas, Pozoblanco, Priego de Córdoba y Rute.

Para CSIF, "bajo la excusa del impulso a la Administración electrónica, que no es aún una realidad tangible en muchas zonas de Córdoba y de Andalucía, la Junta ha establecido un nuevo modelo en el que las oficinas liquidadoras se quedan prácticamente sin contenido, y sus 33 empleados en la provincia sin gran parte de las competencias que tenían hasta ahora".

En opinión del sindicato, "además de la pérdida de empleo, que afectará también a los propios registros de la Propiedad a los que las oficinas liquidadoras están asociados, el nuevo modelo implantado por la Junta se traducirá también en un menoscabo de la atención al contribuyente".

De igual forma, el contribuyente "tendrá que correr con los gastos generados al tener que delegar en gestores, administradores o abogados la tramitación de una documentación que es sencilla en muchos casos y que hasta ahora se tramitaba con carácter gratuito desde las oficinas liquidadoras".

CSIF considera que estos centros cuentan con un capital humano que "ha actuado con absoluta lealtad durante años, demostrando calidad en el análisis y en la calificación de los expedientes, capacidad de adaptación y, sobre todo, desarrollando un trabajo constante e intenso que le ha permitido cumplir con unos altos estándares".

En el sindicato temen "que la reducción de competencias conlleve una cascada de despidos de un personal que ya no será necesario para atender unas oficinas que quedan reducidas prácticamente a la insignificancia".

Otra de las consecuencias de la decisión, "que deja a las oficinas liquidadoras sin contenido, es la considerable merma en los ingresos que estas experimentarán y que, sin duda, puede afectar al conjunto de la plantilla del Registro de la Propiedad al que estén adscritas".

El efecto, a juicio de CSIF, "será especialmente gravoso en aquellos registros en los que el peso de la Oficina Liquidadora sea significativamente mayor al del propio Registro, como consecuencia de la última demarcación aprobada por Real Decreto 172/2007, de 9 de febrero".

Es más, las limitaciones impuestas en las gestiones que hasta ahora venían desarrollando las oficinas liquidadoras "provocarán, incluso, un importante descenso en la recaudación, ya que solo 24 oficinas controlarán el trabajo que hasta ahora hacían 91 en toda la comunidad autónoma".

Para CSIF, "no es de recibo que se repita hasta la saciedad que las antiguas oficinas liquidadoras se mantienen para la asistencia, presentación y, en menor medida, control", ya que "con la nueva regulación se da un paso gigantesco hacia su desaparición y se avanza en una dirección perversa, que es el vaciado de servicios de la Andalucía rural".

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