La defensa de Fernández dice que Intervención conoció el uso de fondos de los ERE y pudo paralizar las ayudas

El exconsejero Antonio Fernández con su abogado Alfonso Martínez del Hoyo
CARLOS MÁRQUEZ
Actualizado 13/11/2018 16:22:55 CET

SEVILLA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

   La defensa del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, uno de los 21 ex altos cargos de la Junta acusados de prevaricación y malversación por el procedimiento específico de concesión de las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha señalado que el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, a través del interventor delegado en Empleo, pudo paralizar el envío de fondos al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), para pagar las ayudas, después de conocer el uso "inadecuado" de las trasferencias de financiación del programa presupuestario 31L.

   Así lo ha señalado Alfonso Martínez del Hoyo, abogado del exconsejero de Empleo, durante la lectura de su informe final este martes. A su juicio, el sometimiento de las ayudas al control previo en la Consejería de Empleo, aspecto que nunca se dio, era "posible y obligatorio", ya fuera con la doble fiscalización de los expedientes administrativos de gasto de las transferencias de financiación --que sí se fiscalizaban-- y de las ayudas; o en el Control Financiero Permanente en IFA/IDEA como se hizo en 2003 con el análisis a posteriori de una veintena de expedientes de las ayudas concedidas para elaborar el informe adicional.

   Si el interventor delegado en Empleo, que fiscalizaba la transferencias de financiación de fondos del 31L de la Dirección General de Trabajo a IFA/IDEA viendo si el crédito era adecuado a su naturaleza, hubiera entendido que las transferencias de financiación "no era crédito adecuado habría emitido un reparo".

   Pero si "jamás" hubo reparos se puede entender que "entendió que el destino del crédito --el pago de las ayudas-- era adecuado". Y como consecuencia, los órganos superiores de la Consejería de Empleo tener por "correcta" la actuación de la Dirección General de Trabajo en este asunto.

   Martínez del Hoyo ha señalado que la Intervención General de la Junta "machaconamente" habla de inadecuación presupuestaria en el uso de las transferencias y si era ese su criterio "podía y debía" haber emitido un reparo suspensivo, cuyos efectos hubiesen sido la suspensión de la tramitación y de la propia transferencia. "Cerrado el grifo se acabó el agua", es decir, el dinero no hubiera salido de Empleo ni llegado a IFA/IDEA, "imposibilitando" el pago de las ayudas.

   El segundo efecto es que el asunto se hubiese conocido en su dimensión y las divergencias entre la intervención y el órgano gestor se hubieran dirimido en el Consejo de Gobierno.

   Para Martínez del Hoyo, testimonios y documentación que obran en la causa acreditan que el interventor delegado en Empleo conocía el uso concreto de las transferencias de financiación, la "inadecuación" desde el 2001, así como las irregularidades del sistema de concesión de las ayudas recogidas en los informes de Control Financiero Permanente.

   "Es inconcebible" sostener, como hace la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que el interventor delegado no conocía esto. "Me parece grave", sobre todo, después de ver la documentación que ha manejado para sus informes.

EL INTERVENTOR DELEGADO FUE "ENGAÑADO", SEGÚN ACUSACIONES

   Es "innegable" que no puede sostenerse que el crédito era inadecuado "salvo que se cuestione la fiscalización previa" de las transferencias, planteando entonces dos alternativas. "Mantener que la fiscalización fue correcta y pero no que el crédito era inadecuado, o mantener que la fiscalización fue incorrecta, pero entonces no cabe imputar responsabilidades penales ni administrativas a los acusados, que eran ajenos a la fiscalización, competencia del interventor delegado", ha explicado.

   A colación de esto, ha expresado que la principal tesis incriminatoria se basa en que se creó procedimiento específico de concesión para "engañar" al órgano fiscalizador, y para ello "tiene que haber alguien engañado, ese es, el interventor delegado en Empleo", que "conocía" el destino de la partida, según el abogado.

   Para el abogado resulta "difícil, atendiendo a las leyes de la lógica y de la experiencia", creer que el interventor delegado en Empleo no conociera por el interventor en el Control Financiero Permanente o interventor general "algo que les preocupaba mucho".

   Para las tesis acusatoria es "fundamental mantener la ficción de que el interventor delegado fue engañado y no sabía la finalidad del 31L, pero eso no se sostiene a la vista de la documentación obrante". Entonces, "a quién se pudo engañar", se ha preguntado el abogado, apuntando "al empecinamiento de que se engañó al Parlamento, en un patético intento de eludir que la Ley es Ley y no puede ser ilegal".

"GRAVE ERROR DE FUNESTAS CONSECUENCIAS"

   Por otro lado, el abogado de Fernández ha indicado que en materia laboral el Estado tiene atribuida las competencias y el Gobierno andaluz, que no tiene competencias, no puede regular un procedimiento administrativo de concesión.

   De otro lado, ha apuntado el "tamaño error" que supuso por parte del ex interventor general de la Junta, el acusado Manuel Gómez, el hecho de que, en el marco de la reparo del interventor delegado en la Consejería de Empleo a las ayudas de Hijos de Andrés Molina en el año 2000, señalara que ante la ausencia de regulación específica para la concesión de ayudas sociolaborales deberían tratarse como subvenciones excepcionales, atendiendo a la normativa en materia subvencional.

   "Ahí está el grave error de partida y reproducido durante años en relación al derecho aplicable, siendo un craso error, asumido incluso por algunos tribunales". Por ello, confía en que el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia, presidido por el magistrado Juan Antonio Calle Peña, que juzga este causa "no reiterará" este "grave error de funestas consecuencias".

   Al respecto de la Orden Ministerial de 1995, marco normativo para la concesión de las ayudas según ha defendido y uniéndose a las tesis de la defensa del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Martínez del Hoyo ha indicado que "no establecía requisitos para la concesión de las ayudas, que quedaban a la discrecionalidad del órgano gestor". "A excepción de la sujeción a la fiscalización previa de las ayudas allí y aquí --en Andalucía-- no, el procedimiento no difiere en exceso en la forma de concesión estatal y autonómica".

   "La Junta diseñó un modelo que en modo alguno vulneró el procedimiento establecido en la Orden de 1995", ha señalado.

   Otro de los asuntos abordados por la defensa de Fernández ha sido el conocimiento del Parlamento del sistema de concesión de ayudas y del uso de las transferencias de financiación para el pago de las mismas, en relación a los documentos que acompañaban a los presupuestos anuales, así como a través de las modificaciones presupuestarias y enmiendas al programa presupuestario 31L con el que se concedían y pagaban las ayudas.

   "El legislativo andaluz conoció con precisión y quiso que el programa 31L se financiaba con transferencias de financiación finalista a IFA/IDEA para que pagara las ayudas", ha mantenido, pese a que la IGAE diga que los parlamentarios "eran perfecto ignorantes que no sabían lo que debatían y que hubo fraude y engaño a la Cámara".

   "Lo que se hizo con el 31L en Empleo y en Hacienda fue lo que se decidió año a año en el Parlamento y que se recoge en los presupuestos".

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