JAÉN, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -
Los hechos denunciados en noviembre de 2019 por la Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN) contra el alcalde (PSOE) de Santiago Pontones (Jaén), Pascual González, han sido remitidos desde la Fiscalía de Jaén al Juzgado de Instrucción Decano de Villacarrillo para que se inicien las correspondientes diligencias previas por lo que el Ministerio Fiscal considera constitutivo de un delito de malversación de caudales públicos.
Fue en noviembre de 2019 cuando la UCIN, formación que tiene cuatro concejales en el Ayuntamiento de Santiago-Pontones, puso en conocimiento de la Fiscalía toda una serie de hechos relacionados con las elecciones municipales de 2019 por entender que podían incurrir en un presunto delito electoral, malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, alteración del censo electoral y falsedad, todos ellos tipificados en el Código Penal.
Ocho meses después, la Fiscalía de Jaén entiende, sin perjuicio de una calificación jurídica posterior, que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos por lo que a través de un decreto se remiten al juzgado de Villacarrillo para que se investiguen los hechos y las personas que pudieran ser responsables de los mismos.
Asimismo, en el decreto de Fiscalía, al que ha accedido Europa Press, se hace constar que en noviembre, nada más recibir el escrito de denuncia de la UCIN, se solicitó informe a la Guardia Civil sin que éste haya llegado.
El escrito de denuncia remitido a la Fiscalía por la UCIN apuntaba entre otras cuestiones y con nombres y apellidos de los supuestos beneficiarios que el alcalde había prometido ventanas metálicas a cambio de votos en las municipales celebradas en mayo de 2019. También se señalaba que el mismo día de las elecciones, el 26 de mayo, hubo una persona que ofreció a varios vecinos 50 euros para que se acercaran al colegio a votar.
Además, la UCIN señalaba con nombre y apellidos a un trabajador municipal como el encargado de "recoger personalmente en mano, a distintos habitantes de la localidad, empadronados residentes y empadronados no residentes en la localidad, un gran número de votos por correo". En este sentido, el escrito de denuncia ante la Fiscalía habla de un alto volumen de entrega masiva de voto por correo, gestionado por una o unas pocas personas encargadas de recoger y llevar a las oficinas de correos situadas en Santiago de la Espada, Puebla de Don Fabrique, Huéscar o de otra localidad cercana".
Añaden que "dos días después las elecciones, el Ayuntamiento formalizo un proceso de selección para peones forestales que fue totalmente arbitrario". Por último se señalan "irregularidades en el censo que podrían llegar hasta un total de 257 personas empadronadas irregularmente" puesto que aparecen censados en cuadras o solares sin edificar.
Tras conocer el paso dado por la Fiscalía, desde la UCIN se apunta que volverán a presentar "si fuera necesario el informe por otros causes legales" porque ven que "se han quedado atrás presuntos delitos importantes que en su conjunto determinan el alcance de una posible malversación de fondos públicos de mayor alcance".
