GRANADA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -
Las diligencias previas incoadas en Andalucía en 2014 descendieron un 15 por ciento en la comunidad andaluza, donde la Fiscalía Superior de Andalucía incoó 843.982 asuntos, aunque en términos generales se observa una situación de claro estancamiento con una ligera tendencia descendente en las formas más habituales de criminalidad.
Así se desprende de la Memoria Anual de la Fiscalía Superior de Andalucía, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que se expone que este descenso de diligencias no obedece a una reducción de las formas más usuales de criminalidad o, al menos, no con la fuerza con que lo indican los datos estadísticos, sino que está vinculado a la mejora del registro informático, que evita las incoacciones duplicadas.
De este modo, sí se ha conseguido un descenso apreciable del trabajo "puramente burocrático en esa carga de papel inútil que muchas veces soportaban los órganos jurisdiccionales y las oficinas fiscales".
En términos generales, la Fiscalía Superior de Andalucía observa una situación de "claro estancamiento" de la estadística criminal en Andalucía, con una ligera tendencia descendente en las formas más habituales de criminalidad, como los delitos contra la propiedad y contra la seguridad vial.
Tampoco se observa que la recesión económica haya tenido un efecto negativo en la evolución de la criminalidad o si la ha tenido ha sido en algunas formas delictivas muy concretas, como la simulación delito, el quebrantamiento de condena o el acoso laboral.
El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, vincula este hecho con el uso masivo de las herramientas procesales de enjuiciamiento rápido e inmediato, circunstancia que podría haber permitido una evolución favorable al "atacar directamente a la sensación de impunidad en formas delictivas leves", pero que habría compensado los incrementos que podrían haber aparecido.
García Calderón alude a un "descenso apreciable" de los delitos urbanísticos y contra el medio ambiente, las formas de explotación de inmigrantes en situación irregular o la siniestralidad laboral, que se reducen al haber una menor actividad económica, aunque "siguen configurándose como fenómenos delictivos de gravedad que podrían incrementarse en los próximos años".
Por provincias, Sevilla encabeza el número de procedimientos penales incoados, con un total de 225.026; seguida de Málaga, con 205.243, y Cádiz, con 100.734. Detrás de estas provincias se encuentran Granada (80.246) Almería (75.699); Córdoba (73.128); Jaén (44.624) y Huelva (39.282).
Del total de las diligencias previas incoadas en Andalucía, se transformaron en procedimientos abreviados un total de 37.768. Las secciones de lo Penal del Ministerio Fiscal participaron en 35.366 juicios orales; 3.780 diligencias de investigación; 59.706 calificaciones y 54.201 sentencias.
Sostiene el fiscal a este respecto que las cifras de incoación de procedimientos abreviados y diligencias urgentes, así como el número de calificaciones que han sido realizadas por la Fiscalía Superior, casi 60.000, suponen un "cifra casi abrumadora".
"La visita cotidiana a las oficinas fiscales del territorio demuestra que soportan una carga de trabajo que puede ser atendida, con cierta dificultad, por la plantilla fiscal pero que no cuenta con suficientes medios auxiliares y materiales que deberían", según sostiene, "incrementarse con urgencia".
NUEVA OFICINA FISCAL
En la memoria se expone que la nueva Oficina Fiscal es una "necesidad inaplazable" porque permitirá reducir la carga de trabajo soportada al optimizar los recursos disponibles en la plantilla auxiliar y medios materiales, algo que también redundará en "una evolución positiva de la criminalidad" al poder dar un "tratamiento más eficaz al cometido de los fiscales y de la Policía Judicial".
En materia penal, la Fiscalía Superior ha incoado un total de 58 causas, habiendo sido archivadas 44 y solamente ha sido transformada en diligencias previas una de ellas, quedando el resto pendientes de resolución. En relación al año anterior ha habido un asunto más.
De las 58 causas tramitadas, 30 lo han sido por querellas o denuncias contra jueces y magistrados, tres contra responsables políticos en activo y en las 25 restantes no han quedado claramente identificados los aforados o se han dirigido contra personas no aforadas.
El fiscal superior matiza que, con independencia de las cifras que nos proporciona la estadística, la percepción social en materia de criminalidad se centra en una "intensa preocupación" por los casos más graves de corrupción política y financiera que producen una "creciente indignación social y un patente desapego institucional".
