La Diputación Permanente convalida decreto ley para acogida de menores ucranianos con la abstención de Unidas Podemos

SEVILLA 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía ha convalidado este martes el Decreto ley 5/2022, de 17 de mayo, para regular la estancia y la acogida de las personas menores de edad desplazadas en Andalucía con motivo del conflicto de Ucrania, iniciativa que ha rozado la unanimidad en su aprobación, por cuanto ha contado con los votos a favor de cuatro de los cinco grupos (PSOE, PP, Cs y Vox) y la abstención de Unidas Podemos.

El Consejo de Gobierno aprobó el 17 de mayo el decreto ley, a instancias de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, para regular la estancia y la acogida de las personas menores de edad desplazadas en Andalucía con motivo del conflicto bélico en Ucrania, que tendrá vigencia "mientras persista la situación de desplazamiento como consecuencia de la crisis humanitaria que está sufriendo este país por la invasión rusa", según señaló el Gobierno andaluz.

La consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, ha sido la encargada de exponer el decreto ante la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía, ante el que ha asegurado la necesidad de aprobarlo para "dar seguridad jurídica" a los menores ucranianos, de quienes ha recordado que en España se han resuelto 74.965 solicitudes de protección, de las cuales el 38,44% corresponden a menores de 18 años, y con la previsión de que las cifras vayan en aumento.

Ruiz ha recordado que el Real Decreto Ley 6/2022, como marco legal establecido por el Estado, prevé un guarda provisional de 24 meses, para contrastar que la Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía contempla un periodo de 20 días naturales y advertir así de "la necesidad de regular con carácter urgente el procedimiento adecuado para la protección de menores procedentes de Ucrania", además de "garantizar el retorno cuando sea posible", así como ha planteado la vigencia de las medidas "mientras persista la situación de desplazamiento".

Entre los candidatos a acoger menores ucranianos la consejera de Igualdad ha apuntado criterios para su selección como "el ofrecimiento a familias con nacionalidad ucraniana, el dominio del idioma, o la experiencia en acogimientos previos", mientras que como causas de exclusión se emplearán criterios como "la declaración de no idoneidad para acogimiento internacional y la adopción o la suspensión de la patria potestad".

La guarda provisional de los menores será por un año, prorrogable por otro.

La Junta entiende que "se hace preciso regular el ejercicio de esta guarda provisional a través de esta norma excepcional", con la colaboración de la Consejería de Salud y Familias "para asegurar la asistencia sanitaria de estos niños y adolescentes", así como de la Consejería de Educación y Deporte, que atiende a la necesidad de escolarización; la Unidad de Policía Adscrita a la Junta de Andalucía, que colabora en todas las actuaciones que desarrolla la Administración andaluza, y la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, que ha creado y puesto en funcionamiento la Comisión de Coordinación de la iniciativa Andalucía con Ucrania y el Comité Coordinador.

EL PSOE PIDE A LA JUNTA "ARRIMAR EL HOMBRO" AL PLAN DEL GOBIERNO

La portavoz adjunta del PSOE, Araceli Maese, ha esgrimido la Proposición no de Ley que presentó su grupo ante el Pleno del Parlamento de 24 de marzo para recordar que "se aprobaron las medidas humanitarias, mientras que se rechazaron las económicas", mientras que ha recordado que el Gobierno andaluz anunció la habilitación de 2.100 plazas de acogida de las que "a día de hoy nada sabemos", al tiempo que ha reclamado a la Junta de Andalucía "sumarse y arrimar el hombro" al Plan Nacional de Respuesta de impacto ante la guerra de Ucrania, elaborado por el Gobierno.

Tras anunciar que el PSOE iba a votar favorablemente al decreto-ley ha recriminado al Gobierno andaluz "imprimir su sello para acabar la legislatura y abusar del decreto" para considerar que se trata de una actuación "tarde, mal y sin compromiso".

La diputada del PP Ana Vanessa García, quien ha sostenido la paradoja de que "el Gobierno de España está a favor y en contra a la vez de la OTAN, de enviar ayudas y no a la vez a Ucrania", ha defendido la actuación ofrecida en Andalucía con 2.600 menores escolarizados, quienes disfrutarán en verano del servicio de comedor, que el Servicio Andaluz de Salud ya ha dado asistencia a 14.860 ucranianos, que los servicios sociales han atendido a 1.123 personas, que se ha facilitado 6.500 tarjetas para los consorcios de transporte, mientras que ha argumentado que el decreto ley "permite a las familias canalizar la solidaridad, de ser garantistas de tener la guarda de niños sin que sus padres la pierdan".

La portavoz de Cs, Teresa Pardo, quien ha agradecido que Vox haya rectificado después de una reacción inicial de abogar por que "los refugiados se quedasen en países fronterizos", reacción inicial que ha interpretado por "el afán" de este partido de "levantar fronteras", ha argumentado que "la figura de la guarda provisional es indispensable para garantizar los derechos de los menores de edad y progenitores", mientras que ha agradecido "la agilidad, la rapidez" en elaborar el decreto-ley.

El parlamentario de Unidas Podemos por Andalucía Jesús Fernández ha reconocido que se trata de "un decreto acertado que encauza toda la empatía del pueblo andaluz", aunque ha reclamado al Gobierno andaluz "un Plan Integral que pedimos a Moreno Bonilla para combatir los efectos de la guerra, medidas que sí ha llevado a cabo el Gobierno de España", para apuntar que se trata de "un decreto incompleto que debería tratar a todos los niños por igual vengan de donde vengan, ya sea el caso de refugiados rusos, afganos, del pueblo palestino o saharaui, ayudar a todos sean de donde sean".

El portavoz de Vox, Manuel Gavira, ha abogado por "restringir" la atención a "los verdaderos refugiados" entre los que ha incluido a "mujeres, niños y ancianos", al tiempo que ha denunciado que "la mayoría de los refugiados ucranianos quieren regresar por la falta de ayudas y oportunidades", de manera que "optan por volver a Polonia y Rumanía", un hecho que ha atribuido a "la lentitud en conseguir un puesto de trabajo".

Gavira, quien ha apuntado que "las élites de Bruselas intentan confundir a los refugiados con inmigrantes ilegales" y ha colegido que "creo que todos los españoles ya seabemos distinguirlos", ha demandado "apoyar a Ucrania con todos nuestros medios, económicos y militares", así como "sanciones más severas" de la Unión Europea.