SEVILLA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -
El director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, Manuel Medina, ha reclamado este miércoles al Gobierno andaluz la "asunción efectiva" de la competencia en materia de Protección de Datos "para dar así cumplimiento al Estatuto de Autonomía y a la Ley de Transparencia Pública".
De esta manera, y en comparecencia en la comisión parlamentaria de Presidencia con motivo de la presentación del Informe Anual de Actuación de 2016 del Consejo, Medina ha lamentado que, tras casi dos años de vida del órgano que preside, todavía no haya asumido una competencia contemplada en el Estatuto de Autonomía de 2007, según ha informado el Consejo en una nota de prensa.
Antes de su comparecencia en la comisión de Presidencia, el director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha entregado el primer Informe Anual de Actuación 2017 de dicho organismo al presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, según ha informado la Cámara autonómica en un comunicado.
Según explica el Consejo, Medina ha indicado que la Ley de Transparencia andaluza --de junio de 2014-- asigna al Consejo esta función de competencia en materia de protección de datos, si bien el decreto que aprueba los estatutos señalaba que "no se asumiría materialmente la competencia hasta que no hubiera un desarrollo normativo", desarrollo que a día de hoy no existe, pero que espera "dé a luz a la mayor brevedad posible".
Al hilo de ello, el director ha alertado del escaso tiempo con el que Andalucía cuenta para poner en marcha esa normativa, ya que el Reglamento Europeo en Protección de Datos será efectivo el 25 de mayo de 2018, fecha en la que cambiará radicalmente todo el sistema de control y se endurece sustancialmente el vigente régimen sancionador, de modo que, a su juicio, "todo debería estar resuelto en esa fecha".
"De lo contrario, todas los asuntos que surjan en torno a esta materia tendrán que ser resueltos por la Agencia Española de Protección de Datos, "a pesar de tener un órgano que se denomina Consejo de Transparencia y Protección de Datos", ha advertido Medina.
A este respecto, el director ha señalado que muchos ciudadanos ya se han dirigido al Consejo reclamando respuesta a diferentes asuntos relacionados con este ámbito, siendo remitidos a la Agencia Española de Protección de Datos al no tener la autoridad de control andaluza la competencia asumida.
ACTIVIDAD DEL CONSEJO
Por otro lado, el director ha hecho un balance de la actividad del órgano del pasado año, ejercicio en el que se presentaron un total de 228 reclamaciones sobre acceso a información pública, 157 consultas de información y 67 denuncias sobre publicidad activa, es decir, un total de 452 asuntos.
Del total de reclamaciones, el organismo requerido fue la Junta de Andalucía en el 52 por ciento, seguida de las entidades locales (40%) y las universidades (5%). Además, se resolvieron el 70 por ciento de ellas a través de 143 resoluciones. En cuanto a la publicidad activa, el órgano objeto de las denuncias fue la Junta de Andalucía, en un 52 por ciento, y las entidades locales, en un 43 por ciento, resolviéndose el 58 por ciento de ellas; es decir, un total de 39.
Medina ha aprovechado la comparecencia para esbozar los datos más recientes del Consejo, y ha destacado las 407 reclamaciones presentadas en lo que va de año y las 117 resoluciones dictadas, en el ámbito del derecho de acceso de la información. Por otro lado, ha subrayado las más de 200 denuncias de publicidad activa dirigidas al Consejo y las 35 resoluciones ya dictadas.
En este sentido, el director ha valorado la actividad constante y la notable evolución que ha experimentado el órgano, y se ha mostrado satisfecho por su desarrollo, pues las cifras obtenidas han superado con creces las previsiones, según pone de manifiesto el Consejo de Transparencia.
Cabe recordar que el Consejo es la autoridad independiente de control en materia de transparencia y protección de datos en la comunidad autónoma de Andalucía, creado por la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía.
Posee personalidad jurídica propia y plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones. Su objetivo se centra, por un lado, en velar por el cumplimiento de la normativa de transparencia pública, tanto en lo que se refiere a publicidad activa como a la defensa y salvaguarda del derecho de acceso a la información pública y, por otra, controlar el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales por parte del sector público andaluz.
