Un empleado de IFES admite en el juicio de UGT-A la posibilidad de una "duplicación de gastos" con cargo a las ayudas

SEVILLA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha seguido este martes con el juicio promovido contra el ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y otros cuatro antiguos responsables de la organización sindical, por presunto delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil, testificando un extrabajador de la fundación IFES del sindicato, sobre una posible "duplicación de gastos" con cargo a las subvenciones autonómicas, extremo que ha considerado posible.

Este martes ha comparecido como testigo en el juicio Manuel Sierra, quien fuera empleado del área de Contabilidad del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) de UGT, entidad encargada de impartir para UGT-A cursos de formación subvencionados por la Junta de Andalucía, alquilando para dicha actividad las aulas a la empresa Soralpe, que según los investigadores sería una sociedad instrumental de UGT Andalucía, porque "su única actividad era para UGT", carecía "ingresos diferentes" a los vinculados con el sindicato y Enrique Goicoechea, administrador único de la entidad e investigado en el caso, sería además miembro de UGT.

Soralpe, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, habría sido utilizada para cosechar dinero de "alquileres ficticios", pues la empresa contaba "en usufructo" con las sedes de UGT-A, que eran precisamente las instalaciones que alquilaba a IFES para que esta última entidad impartiese los cursos de formación para los cuales UGT contaba con subvenciones de la Junta de Andalucía.

En ese sentido, y a preguntas del fiscal Fernando Soto, este testigo ha manifestado que Soralpe repercutía de manera "prorrateada" a IFES determinados "gastos comunes" relacionados con las aulas donde eran impartidos los citados cursos de formación, como la electricidad o la telefonía, ante lo cual el fiscal ha planteado que en gran medida, "quien ha terminado pagando los cursos" fue IFES a cuenta de tales conceptos.

El representante del Ministerio Público ha preguntado al hilo al testigo si UGT "también imputaba a las ayudas" de la Junta esos gastos que Soralpe repercutía a la fundación IFES del propio sindicato por los supuestos costes "comunes" de los cursos, explicando Manuel Sierra que él piensa que sí, pero con la precisión de que no ha visto documentación justificativa concreta de tal extremo.

UNA POSIBLE "DUPLICACIÓN DE GASTOS"

Al punto, y siempre a preguntas de la Fiscalía, ha reconocido que en estas operaciones podría mediar una "duplicación de gastos" con cargo a las subvenciones autonómicas "si las facturas que repercuten Soralpe y UGT-A a IFES son las mismas", matizando a continuación, pero esta vez a instancias de las defensas, que él no ha visto tales facturas.

Este juicio se dirige contra el ex vicesecretario de Organización y ex secretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla; el que fuera secretario general de Administración de UGT-A, Federico Fresneda; la ex secretaria de Gestión Económica, María Charpín; la ex responsable del departamento de Compras de UGT-A, Dolores Sánchez; el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L., Enrique Goicoechea; y diez personas que actuaron como proveedores del sindicato a través de las empresas que representaban.

Según el titular del Juzgado de Instrucción número nueve, Juan José Vélez, entre 2009 y 2013 mediaron "procedimientos concertados entre los responsables de UGT-A y determinados proveedores, a fin de que pudieran facilitar al sindicato una vía de financiación para la práctica de sus actuaciones propias", incurriendo en ello en "la aplicación de los fondos recibidos a través de subvenciones públicas a unos fines distintos al destino que dichos fondos deberían haber tenido", que eran "la práctica de acciones formativas, a personal ocupado y desocupado".

EL TESTIMONIO DE MACÍAS

El extrabajador del departamento de Compras de UGT-A Roberto Alejandro Macías, condenado por un delito de descubrimiento y revelación de secretos al haber filtrado a medios de comunicación, pero no a la Policía o las instancias judiciales, "información reservada y sensible" de la trama ahora sometida a este juicio, testificaba en ese sentido que el sindicato orquestó un sistema de "facturas fraudulentas o falsas" con cargo a las subvenciones autonómicas, gracias al cual cosechaba un "bote" o "fondo de reptiles" con el cual sufragar gastos no imputables a las ayudas.

El "excedente" económico fruto de la diferencia entre la cuantía reflejada en la factura del proveedor a cargar a programas subvencionados y el dinero efectivamente pagado, según sus palabras, era empleado para sufragar "bienes o servicios que no se podía imputar a las subvenciones".