Fernández de Moya recurre el auto de procesamiento del caso Matinsreg y habla de "pena de banquillo"

Jaén.- Tribunales.- El Ayuntamiento pide seis años de cárcel para Fernández de Moya por el caso Matinsreg
EUROPA PRESS - Archivo
Publicado 08/05/2019 14:31:37CET

JAÉN, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La defensa del ex alcalde de Jaén y ex secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya (PP), ha recurrido el auto de procesamiento del juzgado que instruye el caso Matinsreg, "dada la inexistencia de indicios racionales de criminalidad", considerando que "se han dado como hechos probados meras conjeturas" y que se está promoviendo "una pena de banquillo".

Así se recoge en el recurso de apelación presentado ante la Audiencia Provincial, en el que pide el sobreseimiento y archivo de diligencias, tras el citado auto del Juzgado de Instrucción número 2 de Jaén, que investiga el presunto quebranto patrimonial de 4,1 millones a las arcas del Ayuntamiento al inflar supuestamente la empresa zamorana sus facturas de mantenimiento de las fuentes ornamentales. En esta causa mantiene a Fernández de Moya como investigado por presunta prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

En el escrito de la defensa, consultado por Europa Press, señala "la generalizada resistencia por parte de un sector de jurisprudencia para estimar las peticiones de sobreseimiento en fase de instrucción, optando por la vía de escape hacia el juicio oral, promoviéndose de este modo una pena de banquillo en determinados casos en los que una vez finalizada la instrucción no existen claros e indiscutibles indicios de criminalidad que es lo que la ley demanda".

Tras apuntar que "el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva para las acusaciones no implica el complementario derecho a una prolongación artificial del proceso", asegura que, con respecto al exalcalde, "se han dado como hechos probados meras conjeturas y sospechas fundamentadas en parciales declaraciones de coimputados, silenciándose aquellas manifestaciones de otros testigos que no beneficiaran a una tesis incriminatoria" contra él.

Por ello, solicita a la sala de la Audiencia "corregir y anular la resolución" del instructor, ya que "tiene capacidad plena para hacerlo" en supuestos como éste, "dada la inexistencia de indicios racionales de criminalidad" en la conducta de Fernández Moya --que figura como investigado junto a otras ocho personas más--.

"Nunca estará justificada la pena de banquillo en nuestro ordenamiento jurídico, debiendo prevalecer principios a favor del reo no sólo en fase de juicio oral, sino en fases anteriores como pueda ser la instrucción y la intermedia", insiste su defensa.

Y es que, según añade, "no concurre conducta que pueda ser tipificada como delito". Afirma que "tenía delegadas las competencias en materia de contratación al concejal de Hacienda y Contratación, Miguel Contreras", y cuando se contrató a Matinsreg "se encontraba disfrutando del periodo de vacaciones estivales", de manera que los tenientes de alcaldes actuaban como alcaldes accidentales.

NO INTERVIENE EN LA CONTRATACIÓN

La defensa tilda de "incierto totalmente" que Fernández de Moya conociera y prestara su consentimiento a que Matinsreg prestara los servicios. En todo caso, aun admitiendo que tuviera conocimiento de que se le había encomendado los trabajos, "dicho conocimiento no significaba que tuviera conocimiento de la forma en que se había llevado a cabo". "Es la contratación la que podría dar vida al delito de prevaricación", precisa.

Al hilo, apunta que "para nada interviene en la forma en que se realizó" y agrega que, "dadas las condiciones de emergencia" tras la marcha de Imesapi del servicio, "el que el formalismo de encargo pudiera ser más o menos acertado no es suficiente para poder manifestar que la encomienda de los servicios sea prevaricadora.

En este sentido, expone que "el delito de prevaricación, por su carácter de delito especial, requiere para su autoría y participación, determinados requisitos que no se cumplen" en el caso del exalcalde. Además, "es un delito que se agota en su mismo con el dictado de la resolución, sin que el conocimiento posterior de resoluciones injustas puedan entrar en la participación criminal".

"En cuanto al delito de malversación de fondos públicos, que según el auto consiste en la falsedad de las factura por el hecho de incluir partidas no encomendadas o bien no realizadas y en el incremento del precio en los servicios, es absolutamente irreal que a mi representado se le pueda exigir tuviera conocimiento de dichas anormalidades, toda vez que correspondía al cuerpo técnico detectar las irregularidades citadas", continúa la defensa.

REPAROS

En su opinión, "no es cierto" que Fernández de Moya "levantara reparos de forma sucesiva", sino que "fue sólo en un solo documento donde se incluían la relación de facturas con su número y cantidad, sin indicar conceptos". A ello suma que "también (los concejales) Rosa Cárdenas (para que el juez acordó el sobreseimiento) y Javier Márquez (actual alcalde) levantaron reparos con respecto a facturas de Matinsreg".

Según explica, "el reparo no es por la cuantía de las facturas sino por la carencia de relación contractual" y alude a dudas que deja "la parquedad de la argumentación" del interventor y se pregunta "a qué se refería concretamente con dicho reparo". Para la defensa, "nada se dice" al respecto y "parece más bien una fórmula de estilo para tratar de salvar posibles responsabilidades de la intervención".

"En cuanto al tráfico de influencias, no hemos encontrado en el auto ni una sola línea que justifique la imputación", manifiesta sobre el tercer delito por el que Fernández de Moya está investigado en esta causa.

El PSOE de Jaén ya ha presentado su escrito de calificación provisional pidiendo once años de cárcel para el exalcalde por los delitos de prevaricación, malversación continuada y cohecho. Por su parte, el Ayuntamiento, gobernado por el PP, solicita para él seis años de prisión y nueve de inhabilitación para cargo y empleo público. Falta por conocer todavía el escrito del Ministerio Fiscal.

ORIGEN

El origen de esta causa está en la querella interpuesta por el grupo municipal socialista a finales de 2017 y en la que se apuntaba a pagos "inflados" a Matinsreg, empresa a la que supuestamente se había adjudicado 'a dedo' el servicio de las fuentes ornamentales en la ciudad cuando Fernández de Moya era alcalde de Jaén, en 2012.

El auto inicial recogía que Fernández de Moya como alcalde de Jaén "vino ordenando personalmente los pagos a realizar a dicha empresa en contra de los informes y reparos de legalidad que hacía recaer constantemente el interventor del Ayuntamiento". En dichos reparos "se aludía precisamente a la ausencia de todo procedimiento, soporte contrato o relación de toda índole de Matinsreg con el Ayuntamiento de Jaén".

Además, las facturas que la empresa pasaba al cobro recogían supuestamente trabajos que no se habían realizado, o a los que se incluían un número de horas y operarios que no se correspondía con la realidad y materiales cuyo precio en el mercado estaban muy por debajo de lo que luego desde Matinsreg facturaba al Ayuntamiento.

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