Fiscalía rebaja su petición de pena para Lanzas, el "testaferro", Daniel Rivera y Rivas en la pieza Surcolor de los ERE

SEVILLA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha abordado este martes las conclusiones del juicio de la pieza separada de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados con cargo a los fondos autonómicos, correspondiente a las ayudas de 2,3 millones de euros concedidas a las empresas Surcolor y Surcolor Óptica para la prejubilación de 24 trabajadores y de dos personas "intrusas" en el despido colectivo al no pertenecer a la plantilla.

   En la sesión, la Fiscalía ha dado traslado al resto de partes de sus conclusiones definitivas, en las que reclama para el exdirector general de Trabajo Daniel Alberto Rivera tres años de prisión y cuatro años y medio de inhabilitación absoluta, por un delito continuado de falsedad en documento oficial en concurso con un delito continuado de prevaricación, ambos en concurso a su vez con un delito continuado de malversación. Ello, cuando en su escrito inicial de acusación, pedía seis años de prisión para este ex alto cargo andaluz.

   En el caso del ex delegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, para el cual reclamaba inicialmente ocho años de cárcel, solicita tres años y medio de prisión y ocho años de inhabilitación absoluta por un delito continuado de malversación y cuatro años y medio de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación.

JUAN LANZAS

   En cuanto al exsindicalista de UGT Juan Lanzas, supuesto "conseguidor" de subvenciones autonómicas en la trama de los ERE, para quien la Fiscalía reclamaba ocho años de prisión y 20 de inhabilitación, el Ministerio Público reclama en su escrito de conclusiones definitivas tres años y medio de cárcel y ocho años de inhabilitación absoluta por un delito continuado de malversación, dos años de cárcel y cuatro años y medio de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación y una multa de 1.800 euros por un delito continuado de falsedad documental.

   Para Juan Francisco Algarín Lamela, supuesto "testaferro" de Lanzas, que también afrontaba una petición de pena de ocho años de prisión y 20 de inhabilitación, la Fiscalía reclama en su escrito final tres años y un mes de cárcel y ocho años de inhabilitación absoluta por un delito continuado de malversación, cuatro años y medio de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación y un año y nueve meses adicionales de cárcel por ese mismo delito, así como una multa de 1.080 euros por un delito continuado de falsedad documental.

   Además, la Fiscalía pide para el excomercial de la consultora Vitalia en Sevilla Jesús Bordallo un año y nueve meses de prisión y cuatro años de inhabilitación absoluta por un delito de malversación; reclamando para el exdirectivo de dicha empresa Antonio Albarracín tres años y medio de prisión y ocho años de inhabilitación absoluta por malversación continuada y cuatro años y medio de inhabilitación especial por prevaricación continuada.

   Para el exsindicalista de CCOO José Hurtado solicita tres años y un mes de prisión y ocho años de inhabilitación absoluta por un delito continuado de malversación, más cuatro años y medio de inhabilitación especial por prevaricación continuada.

   En el caso del abogado Carlos Leal, solicita tres años y medio de prisión y ocho años de inhabilitación absoluta por un delito continuado de malversación, más cuatro años y medio de inhabilitación especial, también por prevaricación continuada.

   Para el empresario Antonio Manuel Bustamante pide cuatro años de cárcel y ocho años de inhabilitación absoluta por malversación continuada, así como dos años de prisión y cuatro años y medio de inhabilitación especial, también por prevaricación continuada, junto con una multa de 3.600 euros por un delito continuado de falsedad documental.

   Y para el empresario Manuel Rafael Castilla Bustamante, tres años y un mes de prisión y ocho años de inhabilitación absoluta por un delito continuado de malversación y un año y nueve meses de prisión y cuatro años y medio de inhabilitación especial por prevaricación continuada, además de una multa por el delito de falsedad documental.

SIN ACUSACIÓN PARA FERNÁNDEZ, BARBERÁ Y MÁRQUEZ

   Al comienzo del juicio, recordémoslo, la Fiscalía solicitó "apartar" de la causa al exconsejero socialista de Empleo Antonio Fernández; el exviceconsejero del ramo Agustín Barberá y el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez, también acusados en esta pieza de los ERE, una vez emitida la sentencia del Tribunal Supremo resolutoria de los recursos de casación planteados contra la sentencia inicial de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, que condena a los mismos y a otros ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán; por el denominado como "procedimiento específico" de financiación con fondos públicos de los citados ERE fraudulentos y ayudas arbitrarias y sin publicidad a empresas.

   El fiscal, en ese sentido, manifestaba que la sentencia del Supremo que ratifica la condena por malversación impuesta a estos tres ex altos cargos de la Junta de Andalucía por el "procedimiento específico" de financiación de los ERE, o sea el mecanismo administrativo mediante el cual era aplicado el dinero público, ya "incluye todas las disposiciones de fondos públicos realizadas por los acusados" durante el ejercicio de sus responsabilidades como cargos públicos. Al punto, ha recordado que todos estos fondos fueron consignados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos.

   Cabe recordar, al respecto, que Antonio Fernández y Barberá cumplen actualmente pena de cárcel por la condena por malversación que les impuso la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla por el denominado como "procedimiento específico", siete años, once meses y un día de prisión en el primer caso y siete años y un día de prisión en el segundo; una vez que el año pasado el Supremo desestimó sus recursos de casación contra dicha resolución condenatoria. De hecho, ambos acusados han estado ausentes en esta primera sesión de este juicio, dada su situación penitenciaria.

   En el caso de Juan Márquez, su pena de cárcel está suspendida provisionalmente, después de que el Supremo estimase parcialmente su recurso de casación y redujese de su pena de prisión de siete años y un día, a tres años, al apreciar la atenuante analógica de reparación del daño.