Fiscales y jueces piden al Gobierno "paralizar" las reformas de acceso a carreras y de la Fiscalía y abra diálogo

SEVILLA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones de fiscales, jueces, abogados y funcionarios de la administración de justicia han reclamado este martes al Gobierno central que paralice las reformas que se están acometiendo en el ámbito del acceso a las distintas carreras, porque no se preserva "el sistema objetivo existente actualmente de oposición, que garantiza unos cuerpos constituidos por profesionales que han ganado una oposición basada en mérito, capacidad, igualdad y objetividad".

Así lo ha manifestado, en rueda de prensa en Sevilla, la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, como integrante del grupo 'Pacto de profesionales en defensa del Estado de Derecho', que ha elaborado un manifiesto.

Todas las asociaciones de jueces y fiscales, menos las progresistas, han convocado un paro de diez minutos para las 12,00 horas del 11 de junio a las puertas de las sedes judiciales para expresar su rechazo a las reformas anunciadas por el Gobierno sobre el acceso a ambas carreras y de la Fiscalía.

Solicitan "la retirada" del proyecto de ley que modifica el acceso a la carrera judicial y fiscal, así como del anteproyecto de ley que reforma que pretende reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) para adaptar la Fiscalía al nuevo modelo procesal que deja en manos de los fiscales las investigaciones penales que hasta ahora dirigen los jueces.

El manifiesto leído este martes por Dexeus, en una comparecencia ante los medios de comunicación junto a otros miembros del grupo, señala que las asociaciones firmantes como representantes de cuerpos de funcionarios del estado y la administración local, jueces y fiscales y profesionales del derecho "comunicamos la creación de un comité de coordinación con el propósito de trasladar a la sociedad civil, nacional e internacional la importancia de los valores constitucionales de legalidad, seguridad jurídica, igualdad y separación de poderes, así como la independencia de los cuerpos profesionales como muestra de nuestro compromiso en la defensa del estado de derecho social y democrático".

Conforman este pacto la Asociación de Fiscales, la Asociación Profesional de la Magistratura, Foro Judicial Independiente, Asociación de Abogados del Estado, Inspectores de Hacienda del Estado, Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, Letrados de la Administración de la Seguridad Social, Asociación de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local, Asociación de Vigilancia Aduanera Especialidad de Investigación, Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, Sindicato de Policía CEP, Asociación de Notarios Chartae, y la Asociación Profesional de Interventores y Auditores del Estado (Fedeca).

Cristina Dexeus ha expuesto que el motivo que generó la creación de este pacto fue la tramitación de la Ley de Amnistía y lo que ello comportaba "de ofensa al estado de derecho", pero se han sumado unas reformas que se están tramitando, algunas ya aplicadas a los cuerpos de funcionarios del estado, así como a las carreras judicial y fiscal, y que pretenden "reformar ese acceso para modificar el sistema objetivo existente actualmente de oposición que garantiza unos cuerpos constituidos por profesionales que han ganado una oposición basada en mérito, capacidad, igualdad y objetividad".

"Frente a eso, cualquier otro sistema que admita la subjetividad puede dar lugar al acceso a estas carreras de personas que no estén tan capacitadas y que, sin embargo, cumplan con unos determinados sesgos ideológicos", ha indicado Dexeus, apuntado que "Los ciudadanos merecen contar con "servidores públicos preparados, capacitados y que hayan alcanzado sus cargos por su preparación a través de sistemas que garanticen la objetividad, el mérito, la capacidad y la igualdad de oportunidades y que no dejen margen a la subjetividad o a la injerencia política en los cuerpos, porque eso sí que ahonda y profundiza en contra del estado de derecho y de la separación de poderes".

En lo que respecta a la Fiscalía o al Ministerio Fiscal, ha expuesto que se está tramitando, "por vía de urgencia y a espaldas de la carrera, una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que lo que hace es fortalecer al fiscal general del estado, con un poder cuasiabsoluto, limita las garantías de los fiscales para oponerse a las órdenes recibidas, o permite al fiscal general del estado la atribución de asuntos concretos a fiscales determinados, sin ningún tipo de limitación".

Asimismo, según ha añadido, esa reforma "establece la adjudicación de los asuntos a través del fiscal jefe, pero sin concretar criterios claros y objetivos para ello, y limita los sistemas de oposición a esa adjudicación, mientras que no establece la autonomía presupuestaria ni la capacidad de gestión ni la capacidad de regulación, y no prevé controles internos al fiscal general del estado, porque limita por completo las competencias del Consejo Fiscal, único órgano de representación democrática de la carrera, al que se arrincona y se priva de su capacidad decisoria"

"No prevé como causa de exceso del fiscal general del estado el motivo que está de rabiosa actualidad, que es cuando el fiscal General está siendo objeto de investigación por el Tribunal Supremo", Dexeus, quien ha señalado que, por tanto, no consideran oportuna "la atribución al fiscal de la investigación penal con estos mimbres porque no se fortalece la autonomía del Ministerio Público, sino que se da paso a la posibilidad de injerencia del poder político en la Fiscalía".

Asimismo, ha señalado que, cuando quien dirige la Fiscalía General, es un fiscal que "está siendo investigado por el Tribunal Supremo, por la comisión de un delito, supuestamente, y se mantiene en el cargo pese a esa situación procesal, ya la credibilidad de la institución decae profundamente".

Ha añadido que el presidente del Gobierno "habla de su fiscal general como si fuera del Gobierno y no del Estado", con lo que "se mezcla la institución con la política", que es "lo peor que se puede hacer en un estado de derecho".

ACCESO A CARRERAS

En cuanto a las reformas en el sistema de acceso a las distintas carreras, según ha señalado, buscan "denostar la capacidad, el mérito y la memoria y fijarse en sistemas de carácter mucho más subjetivo". "Nos hablan de democratizar y modernizar, pero en concreto se trata de establecer sistemas mucho más subjetivos de acceso a las carreras", ha dicho.

"Desde el momento en que ese sistema exigente decae para dejar resquicios de subjetividad en la forma de acceso, se facilita el control por el ejecutivo y político", ha indicado Dexeus, apuntando además que la reforma pretende que el Centro de Estudios Jurídicos se convierta en un centro de preparación de opositores, y es dependiente del Ministerio de Justicia, así como, en gran medida, la comisión de selección para formar los tribunales de oposición. "Así, el Ministerio de Justicia es el que hace los señalamientos para las convocatorias de la oposición", ha dicho.

Por ello, el día 11 de este mes realizarán un "paro simbólico", sin descartar más paros posteriores ni esa situación "última de huelga no deseada": "Pero si nos presionan y no se sientan con nosotros a hablar y no intentan paralizar estas reformas quizás tendremos que llegar hasta ahí". Ha demandado "un diálogo serio" del Gobierno con todos los afectados.

"Lo ideal es que se paralicen las reformas, que se vuelva a la casilla de salida, que se hable desde un primer momento, que no se haga de espaldas a las carreras y que ahí podamos trabajar todos", ha insistido, apuntando que lo que merece España "es un pacto de estado por la justicia".

"Empezamos a dejar demasiados resquicios por donde el poder político, hoy uno y mañana otro, puede intentar entrar en nuestras carreras, y eso es lo que nosotros queremos evitar", ha recalcado.