GRANADA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Granada ha abierto diligencias de investigación penal contra el concejal de Contratación, Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Armilla, José Luis Castillo Torres, por el cobro supuestamente indebido de un total de 1.400 euros en concepto de anticipos reintegrables.
Según consta en el decreto del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos, que fueron denunciados por el sindicato UGT, revisten "prima facie" relevancia penal y, de ser ciertos, podrían ser constitutivos de un delito contra la Administración Pública sancionado en el Código Penal.
El sindicato UGT afirma que se trata de una partida presupuestaria que está destinada exclusivamente a trabajadores del Consistorio, que, por otra parte, ha denegado sin embargo solicitudes de empleados por "motivos económicos".
Para el sindicato, la política económica del Ayuntamiento es "caótica", como demuestra "la ausencia de pagos a prácticamente todas las entidades concesionarias de servicios municipales". Según sus cálculos, se adeudan a la escuela y banda de música más de 25.000 euros, trabajadores de la piscina municipal llevan siete meses sin cobrar, y los de ayuda a domicilio han estado meses sin percibir su sueldo.
Según ha manifestado en un comunicado el secretario Administración Local de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT Granada, Oscar Martínez, la apertura de diligencias es "un paso muy positivo en el sentido de aclaración de los hechos" de lo que considera una actuación "ilegal" del concejal "realizada en beneficio propio".
Asimismo, Martínez asegura que la secretaria general de la Sección sindical de UGT en el Ayuntamiento sufrió el "agresivo ataque descalificatorio" por parte de este concejal, lo que "se enmarca dentro de una persecución sindical desde esta Concejalía contra UGT, sindicato mayoritario tanto en la Junta de Personal como en el Comité de Empresa del Ayuntamiento".
El último episodio de tal persecución, afirma Martínez, ha sido la expulsión del local sindical que venía ocupando la UGT desde hace más de diez años, trasladando el local del Comité de Empresa a otro centro periférico, en un edificio que no reúne las condiciones establecidas por la legislación vigente en materia de acceso a discapacitados y eliminación de barreras arquitectónicas.
A este respecto, UGT ha informado al concejal de la necesidad de eliminar previamente estas barreras, obteniendo como respuesta que "cuando surja la necesidad de atender a un trabajador con esta limitación, previo conocimiento a la empresa, se les facilitará un espacio adecuado, sin barreras arquitectónicas donde usted pueda realizar sus funciones sindicales [...]".
