FOAM señala que la nueva Orden de residencias congela hasta 2031 la ratio de cuidadoras por residente

SEVILLA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) ha subrayado que la nueva Orden de 21 de julio de 2026 que unifica los criterios relativos a los requisitos arquitectónicos, organizativos y funcionales de los centros, congela hasta 2031 la ratio de cuidadoras por residente, así como destina toda la subida a limpieza, cocina y administración.

De esta manera, tal y como ha señalado en una nota de prensa, la Federación ha valorado lo que, a su juicio, son "dos avances clave". Por un lado, la unificación de una normativa dispersa desde 1997 y, por otro, la fijación por primera vez, de un suelo mínimo de atención directa. Sin embargo, ha advertido de que esto no corresponde a más cuidadores por residente.

Así, ha afirmado que la ratio global que va de 0,50 en 2026 a 0,55 en 2031 incluye atención directa de primer nivel --AD1N: gerocultoras y auxiliares--, atención directa de segundo nivel --AD2N: perfiles técnicos-- y atención indirecta --limpieza, cocina, lavandería, mantenimiento y administración--.

El Acuerdo del Consejo Territorial de 28 de junio de 2022 define una ratio global mínima para el personal de atención directa conjunta y establece que "no podrán computar para el cálculo de estas ratios el personal de atención indirecta".

Así, desagregada, la evolución para los centros acreditados conforme a la Orden de 2007 --la práctica totalidad del parque concertado-- supone que las cinco centésimas del calendario se destinan íntegramente a personal de soporte, "necesario para que un centro funcione, pero no es quien acompaña, levanta, asea, da de comer y vigila a las personas residentes".

Ante esto, el Acuerdo de 2022 exige una ratio de gerocultoras de 0,37 en 2026 y de 0,43 en 2029. Andalucía se queda en 0,30 todo el período, tal y como ha subrayado la organización. Ese Acuerdo --Aprobado en un órgano en el que Andalucía está representada-- permite mejorar esos mínimos, no situarse por debajo. El calendario estatal cierra en 2029; a partir de entonces 0,43 es el mínimo vigente.

En 2029, un centro andaluz de 100 plazas tendrá 30 jornadas de atención directa donde el mínimo estatal exige 43. La brecha se ensancha cada año hasta 2029 porque Andalucía congela su ratio mientras el calendario estatal sigue subiendo, según ha afirmado FOAM.

Por ello, ha aseverado que una jornada completa equivalente "no es una persona en el centro: son 1.772 horas anuales de trabajo efectivo --la jornada que fija el convenio del sector-- repartidas entre los tres turnos y los 365 días del año".

Traducidas a tiempo de cuidado, esas trece jornadas que faltan son 38 minutos menos de atención directa por residente y día. A ese déficit de personal se superpone un déficit de plazas.

Según el Imserso (31 de diciembre de 2024), Andalucía dispone de 2,79 plazas residenciales por cada 100 personas de 65 o más años, frente a una media nacional de 3,95: la quinta cobertura más baja entre las comunidades autónomas. Concentra el 16,3% de la población mayor del país y solo el 11,5% de sus plazas; situarse en la media exigiría 19.233 plazas más.

En Andalucía el acceso al servicio residencial está reservado a personas con grado II o grado III reconocido --dependencia severa y gran dependencia--, según recoge la Cámara de Cuentas de Andalucía. La propia Orden lo reconoce al suprimir la distinción entre plazas de válidos y asistidos y convertirlas todas en plazas para personas en situación de dependencia. Ese es el motivo por el que el Consejo Territorial elevó las ratios en 2022.

La Cámara de Cuentas de Andalucía fiscalizó la gestión de las residencias de mayores de la Junta (informe JA 11/2023, aprobado el 15 de mayo de 2025). En esta línea, FOAM ha afirmado que dos constataciones son "directamente relevantes".

La primera que la Administración "no sabe cuánta plantilla hay en los centros que concierta". Consultado el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales, la Consejería comunicó que "no disponen de la información del número de profesionales de los centros concertados".

Sin el dato de los 438 centros concertados no es posible verificar el cumplimiento de la ratio ni calcular el coste de elevarla. La Junta sostiene que la Orden no tendrá impacto económico entre 2026 y 2028, pero no ha publicado memoria económica que lo acredite y el dato de partida consta oficialmente como no disponible.

La segunda, que la Consejería rechazó aumentar personal. Ante la recomendación de analizar si, al incrementar plazas, hacía falta más plantilla, respondió que la ratio de sus catorce centros propios es de 1,33 -1.830 profesionales para 1.377 residentes en 2023-, "muy superior al mínimo de 0,50 de la Orden de 2007, y que por tanto el incremento de plazas no debe ir acompañado del incremento de personal".

MEDIDAS

FOAM valora el modelo de atención integral centrada en la persona, pero "tres medidas que están centrando la cobertura no suponen más tiempo de atención por residente".

Por ello, ha subrayado que "el profesional de referencia no es una ratio". "Ninguna persona podrá serlo de más de cinco residentes. Es una regla de asignación, no de dotación: en un centro de 100 plazas con ratio 0,30 hay 30 jornadas de atención directa; cubrir a 100 residentes con tope de cinco requiere 20 profesionales".

Al tiempo, ha destacado que el 50% de habitaciones individuales es un suelo, no una mejora sobre el estándar. Aun así, queda 15 puntos por debajo del 65% de las plazas concertadas que fija el Acuerdo de 2022, y exime a todos los centros que ya cuenten con autorización o acreditación.

Del mismo modo, FOAM ha destacado que los centros y las unidades son más grandes que el estándar estatal, y "no plenamente obligatorios". El Acuerdo de 2022 limita los centros nuevos a entre 75 y 120 plazas según densidad y fija un máximo de 15 personas por unidad de convivencia. Andalucía permite 150 plazas y unidades de 25.

Ante esto, FOAM ha pedido varias medias entre las que se encuentran que la subida de la ratio vaya a la atención directa, es decir, aplicar el incremento del calendario a la AD1N de los centros acreditados desde 2007, igualando su senda a la de los centros de 1997, en lugar de destinarlo íntegramente a personal directo.

En segundo lugar, que la Consejería publique el plan y el horizonte para alcanzar, como mínimo, el 0,43 de atención directa que el Acuerdo del Consejo Territorial exige desde 2029; así como que subsane la carencia detectada por la Cámara de Cuentas y disponga del número de profesionales de los centros concertados, sin el cual no puede verificarse el cumplimiento de ninguna ratio.

Además, desde la Federación piden también publicar la memoria económica de la Orden, con el coste que supone para los centros y la partida presupuestaria que lo financia; suprimir la excepción de vulnerabilidad social mediante una línea de financiación específica que permita elevar la atención directa de 0,10 al estándar general y reponer la revisión de precios en el concierto, recuperando la cláusula que sí contenía el concierto de 2019, o una fórmula equivalente ligada a la evolución del convenio colectivo.