SEVILLA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha formalizado las acciones legales por vía contencioso-administrativa anunciadas contra la negativa del Gobierno español a evaluar de forma conjunta de los cuatro subproyectos de extracción y almacenamiento de gas natural en el entorno del espacio natural de Doñana y para solicitar la paralización cautelar del subproyecto ya en marcha, denominado Marismas Occidental.
Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del departamento encabezado por José Fiscal, poco después de que se anunciara tras la celebración de Consejo de Gobierno la firma de una orden para que el gabinete jurídico de la Junta iniciara dichas acciones.
Los argumentos del recurso contencioso-administrativo que interpone la Junta se recogen en los informes del Defensor del Pueblo Español y Andaluz, así como en una respuesta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que considera que el riesgo sísmico del proyecto es suficiente para suspender su ejecución.
Junto a ello, el recurso del Ejecutivo andaluz también tiene en cuenta el informe del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) que alerta de que la promotora del proyecto "habría rebajado el nivel de riesgo por inundaciones" en el caso del subproyecto Marismas Occidental.
Según la Junta, la evaluación por separado de los cuatro subproyectos de extracción y almacenamiento de gas en el entorno de Doñana "no ha abordado los efectos acumulativos del proyecto en su conjunto", por lo que la Junta plantea el recurso contencioso-administrativo para exigir su "evaluación conjunta por vía legal".
El Gobierno andaluz adopta esta decisión al no haber obtenido respuesta del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente al requerimiento realizado el pasado mes de diciembre que solicitaba una evaluación conjunta y pedía instar al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital la paralización cautelar del subproyecto Marismas Occidental.
Los cuatro proyectos de instalaciones de almacenamiento de gas en la zona --Saladillo, Marismas Occidental, Marismas Oriental y Aznalcázar-- cuentan con otras tantas declaraciones de impacto ambiental favorables emitidas por la administración central en el ejercicio de sus atribuciones.
En el ámbito competencial autonómico, y de acuerdo con las normas de planificación, uso y gestión del Espacio Natural de Doñana, la Junta denegó la Autorización Ambiental Unificada (AAU) a uno de los subproyectos (Marismas Oriental) por su afección negativa, lo que hace inviable el de Aznalcázar, con el que está estrechamente conectado.
El de Saladillo carece de la autorización de la Ley andaluza de Espacios Naturales Protegidos para actuar en suelo no urbanizable, mientras que el único que dispone de permiso de explotación (Marismas Occidental) está localizado fuera del territorio protegido. La paralización de este último se solicita como medida preventiva en tanto se lleva a cabo la evaluación conjunta.
Por otra parte, los nuevos instrumentos de planificación de Doñana aprobados en agosto de 2016 extreman la conservación de esta zona en toda su extensión y prohíben expresamente la acumulación y el enterramiento de materias primas, productos y residuos sólidos, líquidos y gaseosos.
