El Gabinete Jurídico pidió un decreto de Moreno ante el cambio de competencias con la futura Agencia de Emergencias

SEVILLA, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía planteó a la Administración autonómica, en su "informe de urgencia" ante el proyecto de Decreto-ley de creación de la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía, que "consideramos que los cambios de competencia entre consejerías deberían reflejarse a través del correspondiente Decreto del Presidente y en su caso Decretos de estructura".

Lo hizo en un informe de 10 de abril, que rubricó el letrado Antonio Luis Faya, donde dio cuenta de que "el día 3 de abril se remite versión de borrador de proyecto de Decreto Ley con carácter de urgencia para asesoramiento verbal", por cuanto el Gobierno andaluz lo había incluido en el Orden del día de la Comisión General de Viceconsejeros de esa jornada, con la advertencia que hizo de que "la complejidad e índole del asunto requeriría un informe jurídico que analizara más detenidamente el texto que se somete a consideración", según el texto al que ha accedido Europa Press.

Esa sugerencia de los juristas autonómicos de hacer un decreto del presidente o de estructura de consejerías para afrontar ese reparto de competencias tuvo su reflejo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Una edición extraordinaria de 11 de abril del BOJA publicó el decreto 4/2023 del presidente, que modificaba a su vez el decreto 10/2022 de 25 de julio, de reestructuración de consejerías.

Con ese decreto a la Consejería de la Presidencia se le asigna "la competencia relativa a la lucha contra las emergencias ambientales causadas por los incendios forestales, que actualmente estaban asignadas a la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul".

La Abogacía autonómica advirtió a la Junta sobre el contenido del proyecto de decreto-ley, cuya convalidación aborda este miércoles el Parlamento de Andalucía, de "tres medidas que, sin embargo, aparecen difusas y deberían clarificarse".

Entre éstas mencionó la incorporación de los funcionarios del Centro Operativo Regional y Provincial que dependían de la Consejería competente en medio ambiente a la Consejería competente en emergencias; la adscripción del personal de protección civil de las Delegaciones del Gobierno a la Dirección General de Emergencias y Protección Civil, además de la propia autorización para la creación de la Agencia, de la que apuntó que "los Estatutos se aprobarán con posterioridad y es en ese momento, cuando se producirá su creación, habría que justificar mejor la urgencia para autorizar en este momento".

SERÍA CONVENIENTE UNA MEMORIA ECONÓMICA Y UN PAR DE INFORMES

Sobre el uso de un decreto-ley para crear la Agencia Integral de Emergencias, aseguró el Gabinete Jurídico que "podría indicarse que de no adoptarse el Decreto Ley, los efectos se producirían ya después de verano", aunque precisó que, pese a ser un Decreto Ley y que "no resultan preceptivamente exigibles", advirtió que "sería conveniente contar con memoria económica, informe de la Secretaría General de Administración Pública y de la DGEI".

Los juristas autonómicos avisaron a la Junta que "no puede mediante Decreto Ley crearse Cuerpos de funcionarios porque ello resulta contrario al artículo 75.2 del Estatuto Básico del Empleado Público, que reserva dicha creación a las leyes de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas".

CESIÓN ILEGAL DE TRABAJADORES DE AMAYA A LOS CENTROS DEL INFOCA

A esto sumó el Gabinete Jurídico "la singularidad de la organización actual del Plan Infoca".

Sobre el Plan Infoca expusieron los juristas autonómicos que "tenemos los Centros Operativos Provinciales y los Centros Regionales atendidos por funcionarios que dirigen las labores de extinción", mientras que recordaron seguidamente que "la realización material de dichas tareas de extinción las asumen trabajadores de la Agencia Amaya".

El Gabinete Jurídico avisó que "no puede establecerse con carácter general en virtud del Decreto Ley una dependencia funcional de los trabajadores respecto a los Centros Operativos Provinciales y los Centros Regionales, de manera que en todo momento y circunstancia éstos puedan impartir órdenes directas a aquéllos".

"Los trabajadores de Amaya actúan bajo el poder de dirección de la agencia que les emplea y desconocer esto con carácter general fuera de situaciones de emergencia podría incluso interpretarse como cesión ilegal de trabajadores", explicaron los juristas autonómicos.

MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE LA RELACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE AMAYA

Las advertencias del Gabinete Jurídico apuntaron a que "el Decreto Ley pretende utilizar a este personal para otro tipo de emergencias, previa la necesaria formación", por lo que esa pretensión "puede suponer una modificación sustancial desde la perspectiva de la relación laboral de los trabajadores con Amaya".

"Esto aconseja que no se regulen estos extremos en el Decreto Ley, sino en un momento posterior, incluso sometiéndolo a negociación colectiva con los representantes de dichos trabajadores", sugirieron los abogados de la Junta de Andalucía.

"Por idénticas razones creemos que no debería efectuarse por el Decreto Ley ni la modificación del Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía para establecer la citada dependencia funcional ni la de los Estatutos de Amaya", afirmó el Gabinete Jurídico.