El Gobierno constata un "considerable" descenso de las listas de espera en dependencia en Andalucía desde 2021

SEVILLA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno central ha reconocido que se ha producido un descenso "considerable" de las "listas de espera" vinculadas al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en Andalucía desde el año 2021, con cifras actualizadas al cierre de enero del presente 2024.

Así lo viene a trasladar el Gobierno en una respuesta a una pregunta registrada en el Congreso por el diputado de Sumar por Málaga y coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, consultada por Europa Press y que está fechada el pasado 27 de febrero.

En concreto, Toni Valero había dirigido al Gobierno el pasado mes de enero una batería de preguntas en relación a las políticas de dependencia con las que, entre otras cuestiones, quería que el Ejecutivo informase sobre "la evolución de las transferencias estatales a Andalucía para el desarrollo" de estas políticas "desde la aprobación de la Ley de Dependencia en 2006", así como sobre "cómo valora" el Gobierno "los datos sobre las listas de espera en la materia" en dicha comunidad autónoma.

En su respuesta al diputado de Sumar, el Gobierno comienza defendiendo que "el esfuerzo que se ha venido realizando en los últimos años, en relación con la mejora de la financiación de la Administración General del Estado en el marco del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) estrechamente relacionado con las medidas contempladas en el plan de choque en materia de dependencia, aprobado por las comunidades autónomas en el seno del Consejo territorial de Servicios Sociales y del SAAD, ha supuesto que las cantidades que las comunidades autónomas han recibido en estos últimos ejercicios aumentaran de manera significativa".

Así, el Gobierno detalla que, "por una parte, se han incrementado las cuantías asociadas a cada Grado de dependencia en relación con el nivel mínimo, lo que ha supuesto que todos los meses las comunidades autónomas reciban una mayor financiación a través de este mecanismo".

Y, "por otro lado, se ha recuperado la financiación a través del denominado nivel acordado, y que se encontraba suspendido desde el ejercicio 2012", de modo que "ya en el año 2021 la Administración General del Estado (AGE) distribuyó entre las comunidades autónomas una cifra de 283 millones", que en el año 2022 se incrementó hasta alcanzar los 483 millones, y que "en el pasado ejercicio 2023 se situó en 783 millones, la cifra más elevada desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia".

En el caso concreto de Andalucía, el Gobierno detalla en su respuesta que ha recibido del Estado un montante total superior a 5.591 millones de euros entre los años 2007 y 2023, de los que unos 5.009 correspondían al concepto de "nivel mínimo", y el resto --más de 581 millones--, al "nivel acordado", con partidas entre los años 2007 y 2011 --ambos inclusive-- y entre 2021 y 2023.

En relación a este último periodo de tiempo, las cifras del Gobierno constatan un aumento "considerable" de la financiación transferida a Andalucía, que en lo relativo al "nivel mínimo" se incrementó en un 63% desde los 341.478.861,60 euros aportados en 2021 hasta los 557.101.144,38 euros en 2023, y en un 222% respecto al "nivel acordado", pasando de 53.427.263,86 euros en 2021 a 172.141.539,81 euros el año pasado.

De igual modo, el Gobierno destaca que "en los últimos ejercicios la financiación estatal ha aumentado hasta el punto de elevar de manera considerable su peso porcentual" en la financiación del sistema de Andalucía, "de tal forma que la misma ha pasado de suponer un 19,69% en el año 2020 a situarse en un 33,13% en el año 2022, a falta de recibirse la información referida al ejercicio 2023".

LISTAS DE ESPERA

En relación "con la denominada 'lista de espera'", desde el Gobierno se señala en esta respuesta a Toni Valero que "ya en el año 2021, y en el marco del Plan de Choque, se adoptó de manera específica el Acuerdo de 30 de abril sobre el Plan de reducción de la lista de espera del SAAD", en el que "se recogía una importante serie de medidas que las comunidades autónomas se comprometían a implementar".

El objetivo, según abunda el Gobierno, pasaba por "reducir la cifra de personas con solicitud y pendientes de reconocimiento de grado de dependencia, así como las personas con un grado de dependencia ya reconocido pendientes de resolución PIA --programa individual de atención-- o pendientes de provisión (PIA efectivo)".

Se trata de "una serie de medidas de diversa naturaleza, adaptadas a cada realidad territorial y que a su vez las comunidades autónomas han incorporado en los convenios de desarrollo del nivel acordado, tanto relativos al ejercicio 2021 como para los años 2022 y 2023", continúa exponiendo el Gobierno en su contestación.

"Como consecuencia de todo lo anterior, las cifras de 'lista de espera' han sufrido una importante reducción, tanto a nivel nacional en su conjunto, como a nivel particular, en el caso de la comunidad autónoma de Andalucía", según sostiene el Gobierno, que en su respuesta al coordinador general de IU aporta una tabla con los datos andaluces relativos a las personas que habiendo presentado su solicitud aún no han sido valoradas; así como de aquellas personas que una vez han sido valoradas aún no cuentan con el correspondiente Programa Individual de Atención (PIA).

En concreto, el número de beneficiarios sin prestación se ha reducido de la cifra de 56.534 al cierre de 2020 a la de 32.315 con datos cerrados a 31 de enero de 2024, lo que supone un descenso del 43 por ciento, mientras que la cantidad de solicitudes sin resolución de grado se redujo un 35 por ciento en el mismo intervalo de tiempo, pasando de 44.943 en diciembre de 2020 a 29.131 al finalizar el primer mes del presente ejercicio, lo que supone una disminución de 15.812 personas, un 41,26 por ciento.

El Gobierno sostiene en su respuesta que "las medidas de naturaleza estructural llevadas a cabo en el sistema, así como el incremento de la financiación estatal, han supuesto que se pudiera agilizar la gestión por parte de las comunidades autónomas, lo que se ha traducido en una drástica reducción de esas 'listas de espera'".

Por último, desde el Ejecutivo se subraya que "las comunidades autónomas son las entidades gestoras del SAAD", y en la Ley de Dependencia se especifican "las funciones que deben desempeñar" al respecto, entre las que figuran "la planificación, ordenación, coordinación y dirección de los servicios de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia; la gestión de los servicios y recursos necesarios para la valoración y atención de la dependencia; la fijación de los procedimientos de coordinación sociosanitaria, creando, en su caso, los órganos de coordinación que procedan para garantizar una efectiva atención; la elaboración de los correspondientes Programas Individuales de Atención; o la evaluación periódica del funcionamiento del sistema en sus respectivos territorios".

"Por ello, extremos tales como el número de personal valorador o los precios de los conciertos y concursos que se puedan realizar para llevar a cabo la gestión del sistema les corresponde de manera efectiva a las propias comunidades autónomas", añade la respuesta del Gobierno, que concluye citando también "la adopción, con fecha de 28 de junio de 2022, del Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios" del SAAD, al que también se adhirió Andalucía aunque inicialmente "votó en contra de la adopción" del mismo, según puntualiza el Ejecutivo.