SEVILLA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -
El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández ha destacado la repercusión que tiene en la población andaluza el Real Decreto de revaloración de las pensiones, que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros y mediante el cual "el Gobierno garantiza el poder adquisitivo de más de 1,6 millones de pensionistas andaluces".
Fernández ha subrayado que la Comunidad andaluza es una de las mayores beneficiarias de esta nueva medida al tratarse de la segunda por número de pensionistas de toda España, según una nota del Gobierno.
"Una muestra más de que el Gobierno cumple con Andalucía, cumple el compromiso de subir las pensiones como está contemplado en los Presupuestos Generales del Estado de 2022 y de mantener el poder adquisitivo de los pensionistas adaptando las pensiones al incremento del precio del consumo y dignificándolas", ha afirmado el delegado del Gobierno de España en Andalucía.
La subida, efectiva desde el 1 de enero de este año, supone un incremento del 2,5% de las pensiones contributivas y de las Clases Pasivas del Estado, mientras que el incremento de las pensiones mínimas y de las no contributivas (al igual que lo hace el Ingreso Mínimo Vital) será del 3%.
El aumento del 2,5% para 2022 es el resultado del índice de precios de consumo (IPC) medio entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021, según indica la fórmula acordada con los agentes sociales en julio de 2021 e incluida en la Ley de pensiones aprobada en diciembre.
De esta forma, se da cumplimiento a la recomendación 2 del Pacto de Toledo, que insta a garantizar el poder adquisitivo de las pensiones conforme a la evolución del IPC.
El incremento, recogido en la Ley 22/2021 de Presupuestos Generales del Estado para 2022, se destina a mantener el poder adquisitivo de los pensionistas y a mejorar los recursos en términos reales de la población más vulnerable.
Este incremento llega a 11,5 millones de prestaciones y su importe total asciende a 3.900 millones de euros.
Es la primera revalorización que se hace con el nuevo marco de garantía permanente del poder adquisitivo de la reciente ley de pensiones, que fija la Ley 21/2021, de 28 de diciembre.
En conjunto, la pensión media sube en 651 euros anuales respecto a 2021, al pasar de 15.774 euros a 16.424 euros.
Con esta revalorización, en 2022 la pensión mínima de jubilación será de 10.103,80 euros anuales en el caso unifamiliar (frente a los 9.808,4 de 2021, una vez revalorizada con el IPC con los datos definitivos) y de 12.467 en los casos con cónyuge a cargo (en 2021, era de 12.103).
Mientras, la pensión de jubilación máxima llega a los 39.468,66 euros anuales, 962,78 euros más que en 2021 (38.505,88).
El Real Decreto incluye paga compensatoria para los pensionistas y beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital por la revalorización de 2021, que fue inferior al IPC registrado en ese año.
Para una pensión media de 1.127 euros al mes, esta paga es de 250 euros.
En total se han destinado 2.600 millones de euros a compensar esa desviación.
El Gobierno destina 6.500 millones de euros a revalorizar las pensiones y a hacer efectiva la paga compensatoria.
EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO
La garantía del poder adquisitivo de las pensiones es compatible con el avance hacia el equilibrio presupuestario en las cuentas de la Seguridad Social.
En 2021, el déficit del sistema cerró en torno al 1% del Producto Interior Bruto (PIB), mejor de lo inicialmente esperado y que se reducirá a la mitad en este ejercicio, gracias a dos palancas que están incrementando los ingresos de la Seguridad Social.
Al final de la legislatura, la previsión es que se sitúe en equilibrio presupuestario.
En primer lugar, la positiva evolución del empleo se traduce en un fuerte incremento de la recaudación por cotizaciones sociales, que en 2021 alcanzó los 129.000 millones de euros, un 7,8% más que el año anterior y un 4% más que 2019. Tanto en términos reales como en nominales, esta cifra supone un máximo histórico.
En segundo lugar, en cumplimiento de la Recomendación 1 del Pacto de Toledo, los Presupuestos Generales del Estado han absorbido ya la mayor parte de los gastos de políticas públicas no contributivas que hasta ahora financiaba la Seguridad Social. En 2022, se transferirán 18.900 millones de euros por este motivo, que permitirán cubrir un 80% de esos gastos, y en 2023 se cubrirán el 100%.
