GRANADA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
El presidente del PP de Granada, Sebastián Pérez, reiteró hoy su crítica a la dirección socialista granadina por no valorar ni opinar sobre el 'caso Nevada' y pidió el cese "fulminante" del ex alcalde de Armilla José Antonio Morales Cara como director de Fermasa, después de que haya concluido la instrucción judicial manteniendo su imputación y la de diez personas más, entre ellas, la del promotor del Parque Comercial, Tomás Olivo, y la del también socialista Gabriel Cañavate, ex edil de Urbanismo.
Para Sebastián Pérez "cada paso que se está dando en la investigación da la razón al PP y se la quita al PSOE". "Son once imputados, si en el caso Del Ojo hubiera habido once imputados nosotros tendríamos que cerrar la sede y salir corriendo a marchas forzadas", ironizó.
En rueda de prensa, criticó además el "papelón infame" que está jugando el delegado del gobierno andaluz en Granada, Jesús Huertas, al afirmar que "hay que arreglar" la situación del Nevada. "¿Cómo se puede decir eso, con quién va usted a dialogar, con el juez?", se preguntó Pérez, quien dijo que un año después de ser nombrado delegado, Huertas "ha frustrado todas nuestras expectativas formadas sobre él".
Asimismo, instó al secretario provincial del PSOE, Francisco Álvarez de la Chica, a dar "mañana" la orden y haga público "el cese fulminante" de Morales Cara y, "si no, que aparte las disciplinas al alcalde de Armilla --Gerardo Sánchez--, si es que puede, que ese es el problema".
Una vez concluida la instrucción por parte del juez Miguel Ángel del Arco, las imputaciones se dirigen contra el ex alcalde, el ex edil de Urbanismo, los cuatro ediles que, como miembros de la junta de gobierno local, aprobaron en septiembre de 2005 la concesión de la licencia de obras del Nevada, el promotor, dos arquitectos, un abogado y una funcionaria de la Diputación.
Al ex alcalde y al ex edil de Urbanismo Gabriel Cañavate se les considera responsables de infidelidad en la custodia de documentos públicos y prevaricación urbanística, mientras que a Olivo, que también esta imputado en el 'caso Malaya', se le cree presunto autor de un delito contra el orden público por desobediencia grave a la autoridad judicial o de obstrucción a la justicia por quebrantamiento de una medida judicial.
A los cuatro concejales se les imputan delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación, mientras que a los cuatro restantes se les atribuye el de prevaricación.
