Granada.- Tribunales.- El PP de Otura se persona en la investigación de Fiscalía al Ayuntamiento por Santa Clara Golf

OTURA (GRANADA), 8 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular de la localidad granadina de Otura ha procedido a presentar en el día de hoy, a través de sus servicios jurídicos representados por el letrado Francisco Javier Ortega Pardo, un escrito ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), solicitando personarse en la denuncia presentada por Ecologistas en Acción contra las actuaciones del Ayuntamiento de Otura por presunta prevaricación en el caso del campo de golf Santa Clara.

Según manifestó el candidato a la Alcaldía del PP en la localidad, Ignacio Fernández, en una nota de prensa remitida a Europa Press, los ecologistas denunciaron a la promotora al comprobar que "habían iniciado los trabajos sin licencia de obras" y "sin las autorizaciones" pertinentes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), invadiendo barrancos y desviando cauces.

El PP recordó que ya denunció públicamente la modificación puntual de las normas al plan parcial aprobada en el mes de julio y que recoge, entre otros aspectos, el aumento de la altura máxima de edificación de Santa Clara en cuatro plantas y trece metros. Dicha modificación, según explicó Fernández, salió adelante con los votos favorables del PSOE y de los tránsfugas del PP, mientras que los populares votaron en contra al considerar que la modificación podía entrañar irregularidades urbanísticas.

El 'popular' indicó que los hechos, según el Ministerio público, "pueden entrañar alguna responsabilidad con trascendencia penal" por lo que la Fiscalía del TSJA ha abierto una investigación por un supuesto delito de prevaricación por parte del Ayuntamiento y por un presunto delito contra la ordenación del territorio y otro de estafa cometidos por la urbanizadora Santa Clara S.A. en la construcción del campo de golf de Otura.

Según explicó Fernández, el Partido Popular se ha personado con la intención de conocer el alcance del presunto delito cometido, así como las consecuencias del mismo. "Es un ejercicio de defensa del interés público para conocer la verdad y salvaguardar los derechos de los ciudadanos de la localidad que han mostrado una profunda preocupación ante las posibles irregularidades que se hayan podido producir en las presuntas concesiones del alcalde, Francisco Cháves (PSOE), a la promotora inmobiliaria", apostilló.