El diputado de Sumar, Enrique Santiago, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 11 de diciembre de 2025, en Madrid (España). (Foto de archivo). - Fernando Sánchez - Europa Press
SEVILLA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -
Izquierda Unida (IU), miembro del grupo plurinacional Sumar en el Congreso de los Diputados, exige que "en el próximo Consejo de Ministros, antes de acabarse el año" 2025, "se renueve la prohibición de lanzamientos de desahucios de familias vulnerables", así como que adopte "una norma para prolongar los más de 300.000 contratos de arrendamiento que van a vencer a final de año, y que afectan a tantísimas familias en este país".
Así lo ha manifestado este viernes el secretario general del Partido Comunista de España (PCE) y diputado nacional de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, en unas declaraciones remitidas a los medios de comunicación centradas en la situación de la vivienda en España.
El representante de IU ha alertado, en concreto, de que "los precios de la vivienda han subido en Andalucía un 20% o más", y "en Córdoba prácticamente 400.000 viviendas están en manos de grandes tenedores". "Solo en la ciudad de Córdoba son casi 160.000, y mientras tanto los precios siguen escalando", según ha advertido Enrique Santiago.
En esa línea, ha agregado que "en la ciudad de Córdoba la proliferación de pisos turísticos no solamente está subiendo el precio de la compra y del arrendamiento de viviendas, sino que está expulsando a los cordobeses del centro de la ciudad", e "incluso de toda" la localidad.
Por eso, según ha continuado, desde IU han llevado "medidas contundentes al seno del gobierno de coalición" del PSOE y Sumar, a través de esta última marca política, "exigiéndole al Partido Socialista una actitud mucho más a la ofensiva, mucho más proactiva, adoptando medidas claras y contundentes que solventen el principal problema de este país, que es el de la vivienda", según ha remarcado.
Enrique Santiago ha llamado así a que "en el próximo Consejo de Ministros, antes de acabarse el año, se renueve la prohibición de lanzamientos de desahucios de familias vulnerables", así como a que "se proceda a adoptar una norma para prolongar los contratos de arrendamiento", teniendo en cuenta que "más de 300.000 van a vencer a final de año y afectan" a un gran número de familias en este país, según ha advertido.