GRANADA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Puentedura, ha exigido la dimisión de la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto (PP), tras haber solicitado la Fiscalía su imputación en el llamado 'caso Serrallo' y ha exigido que se "restituya la legalidad urbanística" en el parque público situado junto al centro comercial Serrallo Plaza, "que se ha privatizado ilegalmente".
Para Puentedura, "son muchas las explicaciones" que tiene que dar el alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), como máximo responsable del gobierno local y "muchas las responsabilidades políticas que tiene que asumir, entre ellas la inmediata dimisión o destitución de la concejal de Urbanismo", ha señalado en un comunicado.
Para IU, la denuncia de la Fiscalía "señala muy nítidamente el pelotazo urbanístico por el que se ha privatizado un parque público de la ciudad para facilitar negocios privados cuyo uso es incompatible con una zona verde".
Estas declaraciones se producen después de que la Fiscalía de Granada haya solicitado que Nieto preste declaración como imputada, y no como testigo como se acordó en un principio, en la causa abierta en relación con la operación urbanística que permitió la construcción de una discoteca, con sala de fiestas y pista de patinaje con bar, en una zona verde del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital, junto al centro comercial Serrallo Plaza.
El fiscal le atribuye supuestos delitos de prevaricación y prevaricación urbanística, al considerar que a lo largo de la instrucción han aparecido datos de los que se derivan su "participación consciente y voluntaria" en las conductas que se están investigando.
Fue la propia Fiscalía la que en febrero del pasado año denunció a un promotor inmobiliario y a cinco altos cargos de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada por posible delito contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística en la citada operación junto al centro comercial Serrallo Plaza, hechos que ya investiga el Juzgado de Instrucción número 2 de Granada.
El fiscal consideró entonces que no existían datos para atribuir estos posibles delitos al alcalde de Granada, José Torres Hurtado, dado que tenía delegadas las competencias en materia de urbanismo, ni a la concejal encargada del área, Isabel Nieto, puesto que "actuó conforme a los informes técnicos favorables".
No obstante, el Ministerio Público sostiene ahora que durante la instrucción han aparecido datos de los que se derivan la "participación consciente" de Nieto en las conductas que se detallan en la denuncia, así como en la operación urbanística que se describe, "con pleno conocimiento de la ilegalidad de la actuación y omitiendo los procedimientos legalmente establecidos".
