JAÉN, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del PSOE en La Guardia (Jaén), José María Salas, anunció hoy que pedirá "protección oficial" al subdelegado del Gobierno central en Jaén, Fernando Calahorro, para "garantizar el ejercicio del derecho fundamental a la información de un concejal", ya que el alcalde, Juan Morillo (PP), lo "coacciona" para que no pueda acceder a documentación del Ayuntamiento e, incluso, ha "recibido amenazas".
Salas explicó en rueda de prensa que el alcalde del municipio "podría haber incurrido en varios actos ilícitos", con la pretensión de ocultar documentación relativa a contratos laborales y órdenes de pago del Consistorio.
Según el socialista, el pasado 12 de julio, presentó un escrito en el que solicitaba ver los contratos laborales desde el 1 de julio por entender que se había producido un "despido masivo".
"El alcalde nos emplazó al 18 de agosto y alegó falta de persona, pero además, envió un escrito a todos los trabajadores en el que comunicaba que el portavoz del PSOE iba a ver los contratos y que el Ayuntamiento no se hacía responsable del uso que hiciera de sus datos protegidos por la ley", explicó.
Después, el día indicado, Salas recibió dos notificaciones de los representantes de os empleados oponiéndose a que viera los contratos.
Lo mismo ocurrió cuando, añadió, el 14 de julio pidió ver las órdenes de pago desde enero de este año, lo que se fijó para el próximo 29 de agosto. "De nuevo se envió un escrito a más de 100 empresas en el que se advertía de que vería los documentos y en el que no se hacía responsable del uso de los datos", dijo Salas.
Entonces, según aseguró, comenzó a recibir llamadas de algunos de empresarios. "Algunos me dijeron que iban a hacer todo lo posible para que no accediera a ellos y otros, incluso, realizaron amenazas", destacó.
Por esta razón, el portavoz del PSOE se preguntó sobre lo qué esconde el alcalde y subrayó que no "tolerará este tipo de coacciones con las que pretende recortar el ejercicio de un derecho fundamental, algo de una gran gravedad democrática".
Además, hizo hincapié en que los hechos pueden ser constitutivos de posibles delitos. "Entre ellos habría que hablar de prevaricación, por realizar a sabiendas actos administrativos ilegales e injustos, y coacción por acciones encaminadas a impedir el ejercicio de derecho fundamental con el agravante de instigación a terceros sin reparar en las consecuencias que podría tener, como ya ha ocurrido y he recibido reproches y amenazas", indicó.
Salas también hizo referencia a un "ataque a la integridad mora", por presumir a priori, sin pruebas que iba a revelar los datos, y "uso indebido de protección de datos protegidos".
Ante esta situación, el portavoz del PSOE presentará una denuncia en la Agencia Estatal de Protección de Datos, mientras que la asesoría jurídica del partido "estudia la posibilidad de interponer una querella contra Morillo.
Junto a estas medidas, Salas adelantó que solicitará protección oficial al subdelegado del Gobierno en Jaén para ejercer "con garantías" su derecho. "No me voy a rendir y si para realizar mis funciones de vigilancia y fiscalización de un alcalde con 15 casos de presunta corrupción tengo que llevar protección como muchos concejales del País Vasco, lo haré", aseveró.
