El juez de Invercaria admite la personación de un abogado de Junta para defender a Vallejo

SEVILLA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El juez que investiga las presuntas irregularidades en Invercaria ha admitido la personación de los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía para defender al ex consejero de Innovación, Ciencia y Empresa Francisco Vallejo dentro de la pieza de investigación abierta por la ayuda concedida a Servivation S.A..

En una providencia fechada el 15 de diciembre, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, tiene por personado y parte en dicha pieza de investigación a un letrado de la Junta de Andalucía en nombre y representación del ex consejero.

La Fiscalía Anticorrupción no se opuso a lo anterior al "no ver obstáculo a que la Junta asuma si así es su parecer la defensa del investigado", señalando que el Juzgado "no puede entrar a valorar la decisión de prestar asistencia jurídica al ex consejero, pues es una decisión cuya legalidad no corresponde al objeto de la causa, sino que todo lo más habría de ser objeto de revisión en vía contenciosa, como toda decisión administrativa".

En un escrito consultado por Europa Press, el Ministerio Público admite que los hechos por los que se encuentra investigado el ex consejero "no cumplirían" los presupuestos establecidos en la disposición adicional segunda del decreto por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta y del Cuerpo de Letrados de la Junta.

Y ello porque "el acto objeto de su inculpación es una conducta que de manera grosera y flagrante incumple la legalidad en materia de subvenciones y ayudas en el sector público andaluz", a lo que se suma que "no fue ordenado por otra autoridad u órgano que haya podido determinarse en el procedimiento", no obstante lo cual "es una decisión que no corresponde valorar a la jurisdicción penal".

El Ministerio Público recuerda que la Junta, a través de la agencia IDEA, propietaria de Invercaria, se encuentra ejerciendo la acusación particular y señala que, en lo que se refiere al proceso penal, "en determinadas ocasiones dos personas pueden tener al mismo tiempo la condición de sujeto activo y pasivo del delito en un procedimiento penal".

ACUSACIÓN PARTICULAR Y RESPONSABLE CIVIL

"El problema surge al hacer intentar dar acomodo a estas situaciones en nuestro ordenamiento procesal", asevera la Fiscalía, que agrega que, "para supuestos donde la duda estaba entre ser acusación particular y responsable civil, la jurisprudencia del Tribunal Supremo fue titubeante", ya que "en un primer momento señaló la posibilidad de que en una misma causa se pueda ejercitar la acción penal, como acusación particular, por quien también es víctima de determinados hechos que guardan relación con otros, por los que simultáneamente, se encuentran en situación de imputado o acusado".

Según manifiesta, "con posterioridad, este criterio se ha ido manteniendo en diferentes pronunciamientos" del Supremo, aludiendo en este sentido a una sentencia de febrero de 2012 donde "se declara expresamente la compatibilidad de ser parte como responsable civil subsidiario y perjudicado, algo que puede ser lo más común cuando está implicada una administración pública y sus empleados".

"La razón de ser de esta compatibilidad, igualmente, se encuentra en la necesidad de que no se tramiten procesos que puedan terminar con fallos contradictorios", dice la Fiscalía, que concluye que el Juzgado "no puede entrar a valorar la decisión de prestar asistencia jurídica al ex consejero, pues es una decisión cuya legalidad no corresponde al objeto de la causa, sino que todo lo más habría de ser objeto de revisión en vía contenciosa, como toda decisión administrativa".

"ABERRACIÓN JURÍDICA"

De su lado, la acusación que ejerce el PP-A se opuso a que un letrado de la Junta pudiese defender a Vallejo y aseveró que si el juez "admite la personación de un letrado, que tiene la obligación de informarle a quien le paga si su defendido puede ser culpable, nos encontraríamos ante una nulidad de actuaciones, por vulneración al derecho de la tutela efectiva que tiene el justiciable Vallejo".

"Si la cuestión es la imposibilidad de atender los honorarios de un letrado particular, existe el turno de oficio con magníficos profesionales para el ejercicio de su derecho de defensa", considera el PP-A, que critica la "aberración jurídica" que supondría que los servicios jurídicos de la Junta defendieran a Vallejo, investigado por presuntos delitos de malversación y prevaricación.