La juez Núñez atisba la "posible nulidad" de la pieza separada de las ayudas a Sayago y Rosendo

SEVILLA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La juez María Núñez Bolaños, que indaga la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, con la que fueron financiados expedientes de regulación de empleo (ERE) innecesarios o sin la tramitación necesaria y subvenciones directas y supuestamente arbitrarias a empresas, ha detectado la "posible nulidad" de las actuaciones correspondientes a la pieza separada relativa a las ayudas autonómicas concedidas al entramado empresarial de la Sierra Norte sevillana encabezado por José María Sayago y José Enrique Rosendo, "desde el mismo auto de incoación".

A través de una providencia emitida el pasado 14 de noviembre y adelantada por ABC, la juez trata la pieza separada que investiga las subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía al grupo que lideraban los empresarios José María Sayago y José Enrique Rosendo, éste último otrora concejal del PSOE en El Pedroso y fallecido en 2016, toda vez que la juez Mercedes Alaya, instructora inicial de estas diligencias, atribuyó a estos empresarios tres delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias.

Y es que la Sierra Norte de Sevilla, ahora rebautizada como Sierra Morena sevillana, juega su propio papel en la investigación, pues el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, hombre clave en los hechos a cuenta de su cargo y uno de los principales imputados en la causa, fue alcalde del municipio serrano de El Pedroso y la propia juez Mercedes Alaya, anterior instructora del caso, señalaba en uno de sus autos la "concentración inusitada de ayudas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla, algunas de las cuales carecían de actividad".

Avisaba además de que tanto Guerrero, como el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, habían "manifestado" que el que fuera consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera fue el responsable de la "decisión sobre tal cúmulo de ayudas".

PETICIÓN DE SOBRESEIMIENTO

En cualquier caso, en la pieza correspondiente a las subvenciones autonómicas concedidas al entramado empresarial de Sayago y el exconcejal socialista José Enrique Rosendo, como recuerda en esta nueva providencia la juez María Núñez, solicitaron el sobreseimiento de las diligencias respecto a ellos mismos Manuel Valdecantos Lora-Tamayo, director del Grupo Barbadillo entre 2001 y 2013, toda vez que dicho grupo adquirió al grupo de Sayago y Rosendo la empresa Matadero de Sierra Morena; el expresidente de Barbadillo Pascual Caputto Pérez y Manuel Robles Ortega, también representante de dicha firma gaditana.

Merced a dicha petición, la juez instructora expone que "examinadas las actuaciones, se constata que en las diligencias previas 174/11 (la causa matriz de la investigación de los ERE) fueron investigados por los hechos que constituyen el objeto de esta causa personas que no han sido llamadas a la misma, es por ello que pudiendo incurrir la instrucción en nulidad con vulneración del derecho de defensa, procede dar traslado a las partes personadas para alegaciones sobre la posible nulidad de actuaciones desde el mismo auto de incoación".

"Una vez resuelta la posible nulidad, se decidirá sobre el sobreseimiento solicitado", concluye la juez en su providencia, ante la cual habrán de pronunciarse las partes personadas en la investigación.