La juez Núñez rechaza pedir información al SAE sobre los trabajadores investigados en la causa de la Faffe

SEVILLA 24 May. (EUROPA PRESS) -

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, la magistrada María Núñez, ha rechazado que se pida información al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) sobre la realización de los contratos de los trabajadores de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).

Tal y como ha adelantado el diario 'ABC', y según han informado fuentes cercanas al caso a Europa Press, la juez Núñez ha considerado que "no es necesario" oficiar instrucciones al SAE para que esta entidad aporte los expedientes de la contratación de los referidos trabajadores al entender que estas circunstancias han sido "tratadas e investigadas" en otros procesos judiciales como la causa que juzga a cinco exaltos cargos de la Junta, y al dueño de Umax Informática y Consultoría por pagos realizados por la Consejería de Empleo a esta empresa por la contratación de 44 trabajadores que "pertenecían al enotrno" del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, que ya se juzgó en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla.

De esta manera, con esta decisión se estima el recurso de reforma que solicitó la representación legal del ex director de la Faffe Fernando Villén. Así, cabe apuntar que ante esta situación, la representante legal del PP-A, que ejerce la acusación particular, ha presentado un escrito impugnando esta circunstancia.

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el PP-A considera que esas diligencias de investigación "son pertinentes y necesarias para la presente investigación penal".

De esta manera, tras las investigaciones realizadas por la Guardia Civil, la acusación particular señala que la información que pueda tener el SAE perteneciente a la Faffe, "no puede considerarse como vulneradora del derecho a la intimidad en cuanto el contenido de correos electrónicos corporativos, contemplados como instrumentos en el desarrollo de una labor profesional" no resulta "una medida indiscriminada" ni supone "una injerencia" en el derecho del secreto a las comunicaciones, dado el cauce a través del cual se mantuvieron los contactos "fue a través de direcciones corporativas no idóneas para la exposición de circunstancias de carácter personal o privado".

Para el PP-A, es "obvio" que esta información es "relevante" para conocer las relaciones económicas de los sujetos investigados, titulares de empresas adjudicatarias de los contratos públicos administrativos, las existentes entre ellas, "como se han puesto de manifiesto en
las declaraciones en calidad de investigados que han realizado en sede judicial, y con los dirigentes de la Faffe que ha intervenido en las adjudicaciones de dichos contratos u otras personas que hayan podido influir directa o indirectamente en la adjudicación de los contratos".

Con todo, la formación popular considera producente esta reclamación "salvo que lo que se pretendo sea cegar la ampliación de la investigación para, so pretexto de vulneración de derechos, ocultar algunos hechos relevantes, por ellos conocidos, que permitirían apreciar la existencia de indicios racionales de criminalidad en los hechos y sujetos investigados".