La Junta aborda con la CEA el avance de la futura Ley para la Gestión Ambiental tras resolver más de 2.600 expedientes

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SEVILLA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha mantenido este lunes en Sevilla una reunión de trabajo con el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, enmarcada en el balance de la legislatura y centrada en los avances alcanzados en materia de sostenibilidad ambiental, modernización administrativa y seguridad jurídica, entre otros asuntos.

Durante el encuentro, la consejera ha destacado que desde 2022 la Junta de Andalucía ha resuelto un total de 2.666 expedientes correspondientes a los instrumentos de prevención ambiental (autorización ambiental integrada, autorización ambiental unificada y autorización ambiental unificada simplificada), correspondientes a nuevas actuaciones o modificaciones sustanciales de estas, al tiempo que ha logrado reducir de forma significativa los plazos medios de tramitación, según ha señalado la Junta en una nota de prensa.

Además, Catalina García ha señalado que la comparación entre los tiempos de resolución de 2023 y 2025 muestra una mejora media de 1,5 meses en todos los procedimientos ambientales.

Por su parte, el presidente de la CEA, Javier González de Lara, ha afirmado que "la sostenibilidad y la actividad económica son conceptos que saben convivir", al tiempo que ha añadido que "seguimos fomentando la necesaria convivencia entre la protección ambiental y el desarrollo económico".

Así, la consejera ha subrayado que esta mayor agilidad administrativa tiene una "especial relevancia" si se tiene en cuenta que los expedientes ambientales actualmente en tramitación en Andalucía están asociados a una inversión global aproximada de 30.800 millones de euros.

Se trata de proyectos estratégicos en distintos sectores productivos, como infraestructuras para el transporte, iniciativas de generación de energía eléctrica, plantas de hidrógeno verde o biogás, así como actuaciones vinculadas a la construcción de viviendas e instalaciones públicas.

Catalina García ha explicado que este volumen de tramitación se ha podido gestionar gracias a un esfuerzo sostenido por reforzar los medios humanos y técnicos de la Consejería.

En este sentido, ha indicado que se han incorporado más de 100 profesionales distribuidos en las ocho provincias andaluzas para agilizar los procesos, absorber picos de carga de trabajo muy elevados y garantizar que la mejora de los plazos no se realice en detrimento del rigor técnico ni de los niveles de protección ambiental exigidos.

En este contexto, la consejera ha enmarcado la actuación de la Junta en cuatro principios que han guiado la política de sostenibilidad ambiental durante la legislatura: la protección del medio ambiente, el respeto a la normativa estatal y europea, el mantenimiento de la seguridad jurídica y la agilización de las tramitaciones ambientales.

En este punto, ha trasladado que el objetivo ha sido compatibilizar el desarrollo económico con la preservación de los valores ambientales, evitando que la complejidad administrativa se convierta en un freno a la inversión.

Entre las prioridades señaladas por la CEA, han destacado la necesidad de incrementar los recursos humanos, reforzar la especialización técnica y facilitar el acceso a entidades colaboradoras, con el objetivo de agilizar procedimientos sin reducir los niveles de protección ambiental.

"Existe una oportunidad extraordinaria para que Andalucía consolide un modelo de desarrollo sostenible que integre de forma equilibrada los objetivos ambientales, sociales y económicos. Para ello, es imprescindible que la normativa sea más precisa, menos interpretable y conciliable con la actividad productiva", ha asegurado González de Lara.

En la misma línea, CEA ha manifestado el valor estratégico de las políticas forestales como generadoras de actividad económica, de ahí su llamada a mejorar su ejecución de la mano del sector privado.

Asimismo, CEA ha puesto de manifiesto la preocupación existente en el tejido productivo por los largos procesos de tramitación ambiental, que en numerosos casos se prolongan durante años, generando incertidumbre y frenando inversiones estratégicas. Esta situación se agrava en ámbitos como el medio natural, las costas o los cauces fluviales, donde los niveles de protección alcanzan tal complejidad que, en la práctica, pueden llegar a expulsar actividad económica del territorio.

"Las empresas andaluzas están plenamente comprometidas con la sostenibilidad y con la transición hacia modelos productivos más eficientes y respetuosos con el entorno. Para que ese compromiso sea real y operativo, necesitamos un marco normativo claro, ágil y predecible, que permita avanzar sin miedo a la inseguridad jurídica", ha señalado el presidente de CEA.

En esta línea, CEA ha reconocido los avances impulsados por la Junta de Andalucía en esta Legislatura --como las reformas de la GICA o los proyectos de la Legam y la Ley de Montes--, orientados a corregir estas dinámicas.

No obstante, ha insistido en la necesidad de seguir profundizando en la reforma legislativa y, especialmente, en la profesionalización de la gestión pública de la sostenibilidad ambiental.

Por parte de la Junta, uno de los principales esfuerzos se ha focalizado en la mejora de la tramitación de las autorizaciones ambientales, consideradas elementos decisivos a la hora de fijar inversiones en Andalucía.

Catalina García ha aseverado que este avance se ha abordado desde distintos planos, combinando reformas normativas, reorganización interna, innovación y una apuesta decidida por la digitalización.

NUEVO PROCEDIMIENTO Y SIMPLIFICACIÓN

En este ámbito, la consejera ha reseñado la creación de la Autorización Ambiental Unificada Simplificada, un nuevo procedimiento que se ha alineado con el enfoque de la legislación estatal y que ha permitido que más de la mitad de los expedientes que anteriormente se tramitaban mediante Autorización Ambiental Unificada pasen ahora a un proceso sustancialmente más ágil.

Así, ha puesto el acento en que entre 2022 y 2025 han entrado 2.206 expedientes de AAU y AAUS, mientras que en ese mismo periodo se han resuelto 2.666, y ha explicado que este cambio normativo ha supuesto que aproximadamente la mitad de los expedientes hayan reducido en torno a una cuarta parte su tiempo de tramitación.

Catalina García ha recalcado que este procedimiento incluye actuaciones directamente vinculadas al tejido productivo andaluz, como proyectos relacionados con la producción de energía a partir de fuentes renovables, especialmente fotovoltaicas, líneas eléctricas, actuaciones de la agroindustria o infraestructuras viarias, lo que ha permitido ofrecer tiempos de respuesta más competitivos sin rebajar las garantías ambientales.

A esta medida se ha sumado la simplificación de las autorizaciones existentes tras la aprobación del Decreto-ley 3/2024, que ha reducido de 48 a 16 las autorizaciones sectoriales integradas en la Autorización Ambiental Unificada.

Según ha dicho la consejera, esta simplificación ha disminuido las consultas, ha reducido las peticiones de documentación adicional y ha facilitado a las entidades promotoras la presentación de la documentación necesaria para la tramitación.

Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía La reunión con la CEA ha servido también para abordar el estado de tramitación del Proyecto de Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía, actualmente en su fase final de tramitación parlamentaria.

Catalina García ha hecho hincapié que esta futura norma culmina un proceso orientado a conjugar seguridad jurídica, simplificación administrativa, colaboración público-privada, participación pública y digitalización, reforzando además la coordinación y colaboración entre todas las administraciones implicadas en la tramitación ambiental de proyectos, programas y planes.