La Junta achaca al Gobierno la falta de acceso a la vivienda y PSOE y Por Andalucía la acusa de no ejercer competencias

SEVILLA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha sostenido este miércoles que el problema de acceso a la vivienda no se debe al número de VUT en la comunidad, sino al Gobierno de la Nación y su gestión en la materia, mientras que PSOE-A y Por Andalucía han criticado a la Administración autonómica por no ejercer sus competencias para poner coto a las residencias turísticas.

En comisión parlamentaria, Bernal ha abordado el Real Decreto 1312/2024, aprobado por el Gobierno de España, que establece un Registro Único y una Ventanilla Única Digital para los arrendamientos turísticos de corta duración, que ha sido recurrido por la Junta de Andalucía ante el Tribunal Supremo.

Por parte del Ejecutivo andaluz, el consejero ha precisado que comparten el "espíritu" del Reglamento Europeo 2024/1028, orientado a mejorar la transparencia, la trazabilidad y el control de la actividad, pero ha manifestado que "el desarrollo estatal se extralimita claramente lo exigido por la normativa europea, e invade competencias autonómicas" en materia de turismo y vivienda "sin ningún respaldo legal".

Desde la Junta se considera que el decreto impone un "modelo centralizado y obligatorio", que genera "duplicidad" con los registros autonómicos existentes, como el de Andalucía, y crea inseguridad jurídica para operadores y administraciones.

Bernal también explica que el decreto impone nuevas obligaciones a plataformas y arrendadores, "como la necesidad de obtener un número de registro único estatal y la prohibición de publicar anuncios sin dicho número, sin que estas exigencias cuenten con una norma con rango de ley que las habilite". Según añade, se incurre además en contradicción con la Ley de Arrendamientos Urbanos, y ha incidido en que el propio Consejo de Estado advierte de la falta de competencia estatal.

En este ámbito, el titular de Turismo ha explicado la ciudad de Córdoba y las localidades gaditanas de Chiclana de la Frontera y el Puerto de Santa María se han incorporado al sistema de aviso preventivo en el Registro de Turismo. De tal modo, si una persona intenta inscribir una Vivienda de Uso Turístico (VUT) en una zona que el Ayuntamiento ha declarado limitada, el sistema emite una advertencia automática sobre las consecuencias legales y la apertura inmediata de expediente de cancelación. Este procedimiento ya funciona para las ciudades de Málaga y Sevilla, y en fechas próximas también se incorporarán Cádiz y Granada.

Así, ha hecho un repaso de la gestión de su departamento en la ordenación y gestión del fenómeno alojativo de las VUT. "Las actuaciones que estamos llevando a cabo, dentro del marco de nuestras competencias, están dando resultado. Y los datos lo confirman: desde el 1 de enero de 2024 hasta el 26 de mayo de 2025, en Andalucía se han cancelado 8.444 inscripciones de Viviendas con Fines Turísticos. Y ello es fruto del refuerzo normativo, la colaboración institucional y la acción inspectora".

PSOE-A Y POR ANDALUCÍA ACUSA A LA JUNTA DE NO EJERCER COMPETENCIAS

"¿Sabe cómo no se invaden competencias de otra administración? Cuando no se ejerce ninguna", ha afeado la diputada Esperanza Gómez, de Por Andalucía, que ha reconocido que el dictamen del Consejo de Estado "habla de invasión competencial", si bien no lo hace de "ninguna de las otras cosas que ustedes dicen y que seguro que están en el recurso que han planteado".

Gómez ha recordado la obligación de la Unión Europea de "establecer un registro unificado con las viviendas turísticas", y ha criticado que, "como las comunidades autónomas del Partido Popular no lo hace, el Estado ha procedido". "Si hay invasión competencial y se anulan normas, se hará, mientras tanto, hagan ustedes algo", ha pedido la diputada.

El parlamentario Antonio Sevilla, presidente de Vox Málaga, ha denunciado una "dejación de funciones" de la Consejería por "trasladar a los ayuntamientos" la proliferación de pisos turísticos, ante lo que ha defendido que debería existir "una política autonómica clara y decidida".

No obstante, también ha defendido que lo más sensato es no estorbar en el turismo y ha insistido en la ideología antiautonomista de su partido de "cerrar" el Parlamento, así como ha criticado "la reciente modificación de la Ley de Propiedad Horizontal" del Ejecutivo central.

A continuación, Isabel Aguilera, diputada del PSOE-A, ha sostenido que "lejos" de suponer el decreto del Gobierno "una invasión de competencias de la autonomía andaluza, competencias que, por cierto, usted ejerce bien poco", abre la puerta "a una mejora, a la transparencia y al control del mercado en un tema en el que estamos absolutamente desbordados, que es en el de las viviendas de uso turístico".

"Lo que está invadiendo de verdad la vida de la gente no es el Boletín Oficial del Estado (BOE), son esas miles de viviendas turísticas no planificadas y no programadas que están generando un gran malestar en la sociedad", ha mantenido la parlamentaria socialista, quien ha rebatido, por ejemplo, que "en ningún momento" esta medida gubernamental elimina los registros autonómicos ni se duplica, "lo que se propone es complementarlo".

Por parte del Partido Popular, gobernante en Andalucía, el diputado Francisco Javier Oblaré ha defendido que "a Andalucía se le respeta, y si el Gobierno hace decretos leyes imponiendo sobre las comunidades autónomas normativas que invaden sus competencias, lógicamente Andalucía tiene que defenderse".

El diputado, que ha reprochado al PSOE que se haya inventado "un decreto con la excusa baladí de que Europa lo obliga, engañando a los ciudadanos", ha asegurado que "el problema de la vivienda de alquiler y del acceso a la vivienda no es la vivienda de uso turístico, sino una gestión inoperante del Gobierno.

En su respuesta a los comparecientes, el consejero Bernal ha puesto de relieve que de "26,6 millones de viviendas" en España, un total de 3.800.000 viviendas están vacías, mientras que en Andalucía "esa cifra se aumenta hasta 641.437". "Estos datos no son míos, son datos del INE", ha señalado Bernal, que ha apuntado que los responsables de estos datos no son la Junta de Andalucía, el turismo o las VUT, sino el Gobierno y su ley del derecho a la vivienda.