La Junta de Andalucía rechaza la toma en consideración de una proposición de ley del PSOE-A sobre participación

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha acordado manifestar su criterio contrario a la toma en consideración de la proposición de ley relativa a la Ley de Participación y Colaboración Institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de Andalucía presentada por el PSOE-A y cuyo anteproyecto ya se comenzó a tramitar en la anterior legislatura.

El Ejecutivo autonómico señala que el texto presentado es "un mero compendio" de regulaciones contenidas en diferentes leyes aprobadas a lo largo de los últimos años por diversas comunidades autónomas que "no refleja la realidad económica y social de Andalucía". Así, señala que el objetivo del Gobierno es tramitar una ley que sea "más coherente con esa realidad y esté alejada de esa reedición de leyes impulsadas por comunidades autónomas con diferentes idiosincrasias".

Para cumplir con ese objetivo, la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad está elaborando una Ley de Participación Institucional, que está destinada a regular las relaciones entre el Gobierno de Andalucía y agentes económicos y sociales en el ámbito de la Administración autonómica.

Esta futura norma incluirá la estructura y objetivos que deberán guiar la intervención de sindicatos, empresarios y demás agentes sociales en los asuntos que les competen dentro de los organismos e iniciativas públicas. Economía ya dispone de un borrador de esta norma que se ha sometido a análisis con los agentes sociales, sindicatos y empresarios y la intención es poderlo presentar cuanto antes.

Esa futura ley no sólo pautará las relaciones sociolaborales dentro del ámbito de lo público, sino que también definirá la financiación a estos agentes en virtud de su participación en aquellos órganos que desarrollen medidas o actuaciones relacionadas con sus competencias y de su dedicación al seguimiento de programas o proyectos públicos. Con esta iniciativa se da una mayor cobertura
legal a esta participación y se fomentará el diálogo social, un respaldo que permitirá que la colaboración entre Junta y agentes económicos y sociales sea más eficiente y funcione mejor.

Por otro lado, la propuesta del Partido Socialista incluye la figura de la colaboración en una regulación que debe ceñirse estrictamente a la participación institucional, entendida ésta como el mecanismo mediante el cual los agentes económicos y sociales más representativos pueden tomar parte en los procesos de elaboración de iniciativas impulsadas desde la Administración pública.