La Junta de Andalucía teme una caída del PIB por la reducción de la jornada laboral por "imposición" del Gobierno

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SEVILLA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, ha criticado este miércoles que el Gobierno de España pretende aplicar por "imposición" y "orillando" a los empresarios la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, que estaba previsto que el Consejo de Ministros abordara esta víspera del 1 de mayo, pero que finalmente ha quedado pospuesta a la semana que viene, y ha avisado de que puede conllevar una reducción del Producto Interior Bruto (PIB).

Así lo ha trasladado la consejera de Empleo en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, desde donde ha indicado que dicha reducción de la jornada laboral "ya viene tarde, con un año de retraso, porque se aprobó en el programa" de gobierno de coalición del PSOE y Sumar, al tiempo que ha apuntado que habrá que ver si dicho proyecto de ley cuenta con "los apoyos necesarios" en su tramitación parlamentaria, porque "ya Junts per Catalunya está diciendo que quizás haga una enmienda a la totalidad si el texto sigue tal como está".

Rocío Blanco ha advertido de que el Consejo Económico y Social ha emitido un informe, no vinculante, sobre dicha propuesta de reducción de la jornada laboral que es "muy crítico" y habla de "costes enormes para las empresas", así como advierte de que "es muy difícil acertar con ese registro horario que implementa" esta iniciativa, que "existe desde 2019", pero que "ahora exigen que sea informático" y que "tiene que ser interoperable con la Inspección de Trabajo".

Al respecto, la consejera ha denunciado que el Ministerio de Trabajo "tiene abandonada la Inspección de Trabajo desde hace mucho tiempo", de forma que en dicho organismo "no tienen capacidad de asumir el control ahora mismo de ese registro horario, a no ser que sea a bolígrafo y a papel, cosa que difícilmente van a poder hacer", ha apostillado antes de poner de relieve, además, que ese registro "va a estar controlado por la representación de los trabajadores, y tiene presunción de veracidad por lo que incluyan en ese registro horario los trabajadores".

Además, habrá "empresas que, por su estructura, porque estén desplazadas en territorios donde no existen herramientas informáticas o donde no llega Internet, o que están aisladas en los centros de trabajo, no puedan hacer ese registro horario", y "tampoco se sabe cómo se va a hacer ni qué plataforma se va a utilizar", y en todo caso "lo que sí es cierto es que va a suponer un enorme coste para la empresa", ha continuado manifestando Rocío Blanco.

La consejera ha comentado además que "siempre las reducciones de horario vienen como consecuencia de un aumento de la productividad, pero España no es un país en el que aumenta la productividad", que, de hecho, "se ha reducido en un 2,7%" en el Estado, "y en un 3,6% para las pymes, cuando en el resto de Europa se ha incrementado un 4,2%", según ha detallado para avisar así de que este país "tiene un déficit estructural de productividad", que "sostiene, en parte, gracias a las horas trabajadas".

"Si no queremos que se reduzca el PIB, es necesario que aumente la productividad, porque la proporción entre horas trabajadas y el PIB es equivalente", según ha continuado exponiendo la consejera, que ha agregado que, "normalmente, en todos los países de la OCDE, el incremento de la productividad en un 10% supone una bajada de la jornada laboral en un 3%".

Si eso es así, "las empresas pueden elegir entre incrementar los salarios o reducir la jornada laboral", y "normalmente optan" por esto último, pero "en este caso es una imposición regulatoria", según ha insistido en criticar la consejera.

CONSECUENCIAS DE LA REDUCCIÓN DE JORNADA Ha agregado que, "según un informe del BBVA, esta reducción de la jornada laboral va a suponer un incremento del 1,5% de los costes unitarios", y "una rebaja del PIB de siete décimas en los próximos dos años, una rebaja del empleo de ocho décimas en los próximos dos años, y un incremento de la tasa de desempleo de ocho décimas en el próximo año".

Ha puesto de relieve en ese punto que España es el país que presenta "la mayor tasa de paro de toda la Unión Europea, la mayor tasa de desempleo juvenil", y ha criticado que, en este contexto, "toda la política laboral ahora mismo" del Gobierno "se centre en una rebaja de la jornada laboral".

"Nos parece que es un brindis al sol", ha sentenciado la titular de Empleo, que ha considerado que, "sobre todo, lo más grave es que se torpedea la negociación colectiva", y ha criticado en esa línea que se "esté hablando de algo que afecta también a los empresarios y que se orille" a este colectivo, algo "de enorme gravedad", según ha opinado para poner de relieve a continuación que "luego quien asume esos costes que va a suponer un incremento salarial del 6-7% para las empresas van a ser ellas, el tejido productivo", por lo que el Gobierno opta por la estrategia de "yo invito y tú pagas", según ha criticado.

La consejera ha manifestado en esa línea que "no se debe regular desde la imposición", y "hay que hablar, dialogar y tratar con todos los agentes que están implicados", y ha sostenido que "los gobiernos no pueden intervenir en la economía, sino hacer fáciles las actividades que generan riqueza", tras lo que ha sentenciado que "un Gobierno como el de España, que se cree adalid de la negociación colectiva y del bienestar de los trabajadores, no puede sustraer una decisión de este tipo a los cauces del diálogo, a menos que el rédito político impere sobre el interés general del tejido productivo de los trabajadores y de los empresarios, que parece que es lo que está haciendo", ha apostillado.

REIVINDICACIÓN DEL DIÁLOGO SOCIAL

La consejera ha considerado que la pretensión de la reducción de jornada es "loable", pero ha insistido en señalar que hay que llevarla a cabo "dentro del diálogo social", y "no puede suponer, como parece que está siendo, un argumento de campaña electoral y, además de paso, una forma de maquillar la productividad", porque "si la productividad es el cociente entre lo producido, partido por los recursos aplicados, reducir el denominador automáticamente va a subir el resultado".

"Creemos que lo que está haciendo el Gobierno es una política intervencionista que perjudica a todos, a la pequeña y a la mediana empresa y, sobre todo, que demoniza a la empresa", según ha resumido la consejera, que ha concluido defendiendo que "hay que seguir avanzando, por supuesto, en esa reducción de la jornada laboral, pero no imponiendo".