SEVILLA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha anunciado este viernes que Andalucía recibirá 311,7 millones de euros más en 2018 respecto al año pasado por su participación en la recaudación de los tributos del Estado dentro del modelo actual de financiación, lo que supone un 1,6 por ciento más de ingresos, montante que 'a priori' espera poder aplicar al presupuesto del próximo año, pero que no puede garantizar porque aún desconoce cuál será la regla de gasto.
En rueda de prensa para valorar la reunión celebrada este pasado jueves por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), Montero ha apuntado que a estos 311,7 millones de euros la Junta debe sumarle otros ingresos, como los fondos europeos y los recursos propios, con el objetivo de que "el presupuesto andaluz para 2018 se vea incrementado por encima de lo que marca el Gobierno central".
La consejera ha explicado que las entregas a cuenta para el próximo año ascienden a 621 millones, si bien a este crecimiento se le debe aplicar la reducción del objetivo de déficit al 0,4 por ciento prevista para 2018, lo que supondrá que el incremento real de ingresos para Andalucía será de 311 millones de euros (un 1,6 por ciento).
Montero ha calificado de "decepcionante" la reunión del CPFF en la que no se abordó la reforma del modelo de financiación autonómica hasta el punto de 'Ruegos y preguntas' y, por tanto, cree que "el Gobierno central no tiene determinación suficiente para construir un nuevo modelo que asegure una financiación adecuada del estado de bienestar en España".
Así, ha lamentado que el Gobierno haya dejado pasar "una vez más la oportunidad" de fijar "un calendario cierto" para presentar una propuesta concreta sobre la que empezar a debatir, una vez que el grupo de expertos ya ha presentado un documento inicial con sus conclusiones. En este sentido, ha criticado los cuatro años de "promesas incumplidas" y ha reclamado un debate "que no tiene que ver solo con territorios, sino con qué tipo de estado de bienestar queremos en nuestro país y si los españoles vivan donde vivan deben tener las mismas oportunidades ante la educación, la salud o situaciones de vulnerabilidad social".
Montero ha advertido de que Andalucía ha pedido empezar ya con el debate político del modelo de financiación, después de las conclusiones del grupo de expertos, si bien, el Gobierno ha optado por convocar un comité técnico a partir de septiembre, que expondrá sus conclusiones en noviembre, "dejando solo un mes para el debate político".
En este punto, la consejera, que ha criticado la ponderación del voto en el CPFF, ha hecho hincapié en que Andalucía ha dejado de recibir 5.522 millones de euros en los siete años de aplicación del actual modelo, de los que 850 millones corresponden al ultimo ejercicio liquidado.
GRUPO DE EXPERTOS
La consejera ha mostrado su satisfacción por las conclusiones del grupo de expertos de financiación, algunas de las cuales recogen ideas y líneas de trabajo que defiende el Gobierno andaluz, si bien ha considerado que las propuestas deben concretarse en cifras y proyecciones concretas que dibujen el nuevo modelo de la financiación autonómica, que ha recordado, debe entrar en vigor el 1 de enero de 2018, tal y como estableció la Conferencia de Presidentes.
El documento evidencia que faltan recursos para financiar el estado de bienestar y las competencias transferidas a las comunidades, y aunque no la cuantifica, la consejera ha apuntado a que la insuficiencia puede situarse en una horquilla de entre 20.000 y 40.000 millones de euros.
Asimismo, tampoco define qué variables deben determinar la población ajustada, es decir, en base a qué elementos de la población y a qué ajustes se van a distribuir los recursos. En este punto, Montero ha denunciado que la aplicación del actual modelo deja fuera a 220.000 andaluces.
Montero también ha valorado la propuesta de armonización del impuesto de sucesiones y donaciones, tal y como viene demandado Andalucía, y que aboga por una revisión en profundidad de la normativa estatal del impuesto y unos niveles mínimos de tributación que impidan el 'dumping fiscal', aunque ha puesto en duda la voluntad del Gobierno central de avanzar en esta línea.
También se ha mostrado de acuerdo con la necesidad de mejorar el diseño y la aplicación de la regla de gasto y un nuevo reparto vertical de los objetivos de déficit público entre Administración central y CCAA, aspectos que reúnen un "notable consenso técnico y político".
Por último, la consejera de Hacienda y Administración Pública ha señalado que también se analizó el objetivo de déficit para 2018, "sin novedades", y ha apuntado que "ya es tan importante flexibilizar el objetivo de déficit como la reforma de la regla de gasto" y ha instado a no aplicar la regla de gasto mientras se defina un objetivo de déficit.
