560857.1.260.149.20210415150617
Archivo - Real Chancillería de Granada, sede del TSJA - EUROPA PRESS/ARCHIVO
SEVILLA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno andaluz, en un escenario sin estado de alarma, consultará posibles restricciones, ya sean globales para la comunidad o para municipios concretos, al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), si la situación de la pandemia del coronavirus obligase a adoptar medidas para frenar contagios.
Así lo han trasladado a Europa Press fuentes del Gobierno andaluz, en relación con qué margen de actuación tiene la Junta para adoptar medidas, si la situación de la pandemia lo exigiese, y si finalmente el estado de alarma decae el próximo 9 de mayo, como es la intención del Gobierno de Pedro Sánchez.
Cabe recordar que este es el mecanismo al que recurrió ya el Gobierno andaluz cuando decayó el primer estado de alarma decretado por el Ejecutivo central, y las restricciones que decidió en varios municipios andaluces con alta incidencia de contagios fueron avaladas por el TSJA.
Así, por ejemplo, en octubre de 2020, el TSJA ratificó por considerarlas "proporcionadas" las medidas adoptadas por la Junta para restringir la movilidad de los municipios de Casariche (Sevilla), Almodóvar del Río (Córdoba) o Linares (Jaén) por la elevada incidencia del coronavirus en los mismos.
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha alertado este jueves de que las comunidades se quedarán "desnudas" para tomar decisiones tras la caída del estado de alarma a partir del 9 de mayo.
En declaraciones a los periodistas en el Parlamento, Moreno ha mostrado su preocupación por que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dejado "pasar un año de pandemia sin hacer una regulación básica en materia sanitaria que permita a las comunidades tener instrumentos legales para tomar decisiones importantes" en una situación sin estado de alarma.
En su opinión, la pregunta es si a partir del 8 de mayo hay un rebrote de la pandemia en cualquier territorio de España y no existe toque de queda y las comunidades no pueden legislar en materia de movilidad de las personas ni pueden tomar decisiones, "qué va a pasar".