La Junta defiende apostar por el diálogo en el reglamento de precios de VTC y recuerda que está en información pública

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha defendido este martes que ha contado con la opinión de "todos los actores, incluidas las asociaciones de consumidores", en la elaboración del decreto ley sobre la regulación de la VTC, aprobado en septiembre de 2022, y ahora en su reglamento, y ha recordado que este último se encuentra aún en fase de información pública.

Así lo han transmitido a Europa Press fuentes del departamento que lidera Rocío Díaz, en respuesta al comunicado emitido por Facua Andalucía en el que insta al Gobierno autonómico a aplicar "reglas claras" para evitar "precios inflados", marco en el que ha criticado que, con un retraso de "casi dos años y medio", haya desarrollado un reglamento "que permite precios abusivos y que contempla compensaciones ridículas para los usuarios", el cual pide que sea rectificado.

Por su parte, desde la Consejería señalan que esta fase "está pensada para que todos hagan sus aportaciones al reglamento" y ha invitado a la organización de consumidores a que presente las alegaciones que estime oportunas para "analizarlas y valorarlas".

Además, reivindica que siempre ha trabajado con una premisa "muy clara", la búsqueda "del máximo consenso" y que el ciudadano "sea el gran beneficiario". Sobre esto, destacan que el reglamento incorpora cuestiones que "antes no existían" y que "nos han reclamado los propios consumidores", punto en el que ha ejemplificado que "es la primera vez que se regula una compensación a los usuarios de los VTC".

PROYECTO DE DECRETO DE LA LEY 2/2003

El origen de la polémica tiene que ver con el proyecto de Decreto por el que se desarrolla la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los transportes urbanos y metropolitanos de viajeros en Andalucía, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor, que contempla la limitación de precios de los conocidos como VTC en situaciones de "alta demanda" como consecuencia de la celebración de ferias o eventos "deportivos, musicales, culturales, de ocio o tiempo libre".

Este proyecto señala que en situaciones especiales de alta demanda, el precio final del trayecto "en ningún caso podrá duplicar el precio ordinario ofrecido para ese mismo trayecto por el operador de transporte o empresa intermediaria al usuario del servicio". Ante ello, el presidente de la Asociación Empresarial VTC Andalucía, Pablo García, aseguraba que la Administración andaluza "quiere acabar con el sector" por plantear esta normativa.

Para la federación andaluza de Facua, esta regulación "afecta negativamente a los derechos de los usuarios", y afea que "su falta de claridad beneficia directamente a las empresas de VTC". En su valoración, es un "abuso inaceptable" que "la norma contemple que, en situaciones de alta demanda, se pueda duplicar el precio ordinario del servicio". Ello, según refiere, "legaliza el incremento desproporcionado de precios sin un criterio transparente al tener como referencia el precio ordinario, otro concepto ambiguo en la normativa planteada".

Además, critica que el texto propuesto mantiene una "compensación irrisoria" para los usuarios en caso de cancelación por parte de la empresa, "equiparándola de manera injusta con la penalización que se aplica a los clientes que anulan el servicio". "Esta medida perjudica gravemente a los consumidores, que pueden quedarse sin transporte en momentos críticos sin recibir una indemnización acorde al daño sufrido", lamenta.

Facua Andalucía también acusa a la Junta de ignorar la participación de las asociaciones de consumidores "a pesar de que la normativa lo contemplaba expresamente". Según traslada, el desarrollo del marco de derechos de los usuarios, recogido en el artículo 12 de la ley, "se ha realizado sin contar con la voz de estas organizaciones, incumpliendo así el compromiso de transparencia y diálogo acordado".

Por todo ello, la federación insta a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda a que rectifique el Decreto antes de su aprobación, "garantizando un sistema de tarifas justo, compensaciones adecuadas para los usuarios y un proceso verdaderamente participativo en la elaboración de la norma".