La Junta defiende que "ha cumplido escrupulosamente la ley" al tramitar el decreto que regula el sueldo del presidente

SEVILLA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz (PP-A), ha defendido este jueves que el Gobierno andaluz "ha cumplido escrupulosamente lo que marca la ley" en la tramitación del decreto-ley aprobado el pasado mes de diciembre que regula la cuantía de las retribuciones de la persona titular de la Presidencia de la Junta, y cuya aplicación conllevó una subida del sueldo del jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, en un 18,8 por ciento, para pasar a cobrar 87.333 euros anuales, repartidos en doce mensualidades.

En el transcurso de una comparecencia en comisión parlamentaria, y en respuesta a una pregunta del Grupo Socialista, el consejero ha defendido la tramitación y el contenido del decreto-ley por el que se modifica la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Públicos, y que fue aprobado por el Consejo de Gobierno el 27 de diciembre de 2023.

El referido decreto establece que la cuantía de las retribuciones de la persona titular de la Presidencia de la Junta, "excluidos los trienios o complementos de antigüedad, será equivalente a la establecida para retribuciones e indemnizaciones por la Mesa del Parlamento de Andalucía, en cómputo anual y por todos los conceptos, salvo locomoción, para los portavoces de grupos parlamentarios, minorada en un 5%".

PSOE-A PREGUNTA POR EL "INFORME JURÍDICO" DEL DECRETO

El parlamentario del PSOE-A y portavoz adjunto de la Comisión Ejecutiva Regional de los socialistas andaluces, Josele Aguilar, ha pedido al consejero que explique por qué "se ha prescindido del informe jurídico" correspondiente "en la tramitación de este decreto-ley", cuando la "práctica totalidad" de los decretos que el Gobierno de Moreno ha llevado hasta ahora a la Cámara para su convalidación "traían su informe jurídico".

Antonio Sanz ha respondido que en la tramitación de este decreto-ley "se ha cumplido escrupulosamente lo que marca la ley", y la tramitación "ha sido total y absolutamente transparente", a lo que el parlamentario del PSOE-A le ha replicado que los dos saben que "no habría informe jurídico alguno que sustentase la urgente y extraordinaria necesidad" que constituye "elemento habilitante" para justificar la aprobación de un decreto-ley.

Josele Aguilar ha afeado además al Gobierno andaluz la aprobación de dicho decreto "una semana después de aprobar los Presupuestos" para 2024 en los que el "tan valiente" Ejecutivo de Moreno "no fue capaz de incluir la subida de sueldos" que posibilita dicho decreto para altos cargos de la administración andaluza.

El parlamentario del PSOE-A ha denunciado que por parte del Gobierno del PP-A "han pretendido tramitar este decreto de manera clandestina", aprobándolo en periodo navideño, y ha remarcado que la inclusión o no de un informe jurídico en relación al mismo "no puede ser una razón caprichosa o arbitraria".

Finalmente, ha llamado la atención acerca de que la convalidación de este decreto en el Parlamento coincidió con el voto en contra del PP en Madrid a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, y ha concluido espetando al consejero que los 'populares' que gobiernan la Junta son "líderes en chapuzas y engaños".

EL DECRETO, "UN EJEMPLO DE TRANSPARENCIA Y CALIDAD DEMOCRÁTICA"

El consejero de la Presidencia ha respondido al diputado socialista insistiendo en defender que el Gobierno andaluz "ha cumplido escrupulosamente la legalidad" en relación a este decreto que, según ha agregado, constituye "un ejemplo de transparencia y calidad democrática".

Así, Antonio Sanz ha remarcado que "el sistema retributivo de los miembros del Gobierno y el personal alto cargo de la Junta de Andalucía carecía de una regulación sistemática y completa", y este decreto "lo regula a partir de ahora".

Además, ha remarcado que este decreto "equipara a Andalucía con la media española" en relación a los sueldos de los presidentes autonómicos, y ha apuntado que "no parece razonable que el máximo responsable de la comunidad autónoma más poblada del país fuese el decimoséptimo por la cola en cuanto a remuneraciones".

Finalmente, Antonio Sanz ha puntualizado que el referido decreto-ley "no establece sueldos", sino que lo que determina es que la persona que ocupe la presidencia de la Junta "cobrará un 5% menos que los portavoces de los grupos parlamentarios", y ha destacado que, con él, por "primera vez en la historia" de la autonomía andaluza, "el sueldo del presidente de la Junta lo va a fijar el Parlamento a partir de ahora, no el Gobierno" andaluz.

OFICINA DE EXPRESIDENTES

Por otro lado, el consejero de la Presidencia se ha referido también en esta comparecencia en comisión parlamentaria al decreto que regula la Oficina de los expresidentes y expresidentas de la Junta de Andalucía, a quienes se les proporcionan medios materiales y humanos para que ejerzan sus responsabilidades y funciones desde el cese en el cargo hasta que cumplan los 75 años, según fija el decreto que regula dicha oficina, que fue aprobado el pasado mes de enero por el Consejo de Gobierno, y que también fue ya publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Antonio Sanz se ha referido a la Oficina de expresidentes en respuesta a una pregunta del diputado de Vox Benito Morillo, quien ha subrayado que, por ahora, la única persona que podría beneficiarse de dichos medios sería la expresidenta socialista de la Junta Susana Díaz, que es la única que "reúne los requisitos" establecidos en el referido decreto, si bien ha preguntado al consejero si dicha normativa también "sería de aplicación" para los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán, condenados por el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

Antonio Sanz ha respondido que el decreto de la Oficina de expresidentes "no modifica nada ni incluye nada que no esté regulado desde el 2005 en Andalucía", y ha justificado que cuando el PP-A llegó a la Junta "había una ley que amparaba" lo dispuesto en ese decreto, si bien "no un desarrollo reglamentario que lo fijara".

En esa línea, ha pedido al parlamentario de Vox que "no alarme en exceso" con esta cuestión a la opinión pública, al tiempo que le ha remarcado que los expresidentes Chaves y Griñán, condenados por el Tribunal Supremo, "están suspendidos de los derechos que les corresponderían" en torno a esta Oficina.

Antonio Sanz ha concluido defendiendo que, con este decreto, la Junta viene a "poner en valor la dignidad institucional de la figura de los expresidentes", algo que contemplan "todas las comunidades autónomas", según ha abundado el consejero antes de finalizar que lo que el Gobierno andaluz ha hecho ha sido "normalizar la vida institucional reconociendo la figura" de quienes han ostentado la presidencia de la Junta.