La Junta defiende su gestión en vivienda aunque reconoce que "queda mucho por hacer" en Andalucía

SEVILLA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha asegurado que "el Gobierno andaluz está trabajando, está gestionando y está cumpliendo en todo momento" en materia de vivienda tras el último informe del Defensor del Pueblo sobre la situación de la vivienda en Andalucía, reconociendo al mismo tiempo que "queda mucho por hacer" en este ámbito.

En comisión parlamentaria, la responsable autonómica ha criticado duramente la ley de vivienda del Gobierno central, señalando que "es un efecto negativo tras otro" y que "está expulsando viviendas del mercado".

Ha presentado datos que, según su criterio, demuestran los efectos negativos de la normativa estatal. "La oferta del alquiler se ha desplomado 120.000 viviendas menos en toda España desde el año 2023" y "el coste del alquiler se ha disparado un 23% más", ha detallado. Díaz ha insistido en que el Gobierno de Pedro Sánchez "debería derogar esa ley" y ha recordado que "ocho comunidades autónomas se fueron al Tribunal Constitucional", siendo Andalucía una de ellas.

La consejera ha reivindicado los fondos correspondientes a Andalucía, señalando que "tenemos un porcentaje del plan estatal, algo más del 17%, que corresponde a los andaluces" y ha advertido de la falta de comunicación con el Gobierno central, manifestando que "llevamos reclamando una conferencia sectorial para hablar del plan estatal futuro, que empezará en el año 2026, y no tenemos noticia".

Díaz ha subrayado que "la gestión, toda la gestión de principio a fin, la hace esta Consejería, la hace este Gobierno", defendiendo el trabajo realizado por el Ejecutivo autonómico y ha concluido su intervención con un mensaje de compromiso, afirmando que "hay que seguir" trabajando y que "no nos podemos conformar" con la situación actual.

PSOE-A: "LA COMPETENCIA EXCLUSIVA RECAE EN LAS COMUNIDADES"

Por su parte, el diputado del PSOE en el Parlamento de Andalucía Rafael Márquez ha llamado la atención sobre las dificultades que sufren los andaluces para acceder a una vivienda asequible, según el informe del Defensor del Pueblo. "No puedo ir debajo de un puente con mi hijo y mi marido. Tengo dinero para alquilar, pero no me alquilan", ha citado como ejemplo de la problemática habitacional.

Márquez ha destacado que la vivienda ha acaparado una de cada tres actuaciones del Defensor del Pueblo en 2024, con casi un 10% de las consultas centradas en este problema. "La salud, la dependencia y la vivienda han concentrado una de cada tres actuaciones del Defensor del Pueblo", ha subrayado.

El parlamentario socialista ha señalado que la responsabilidad recae directamente en la Junta de Andalucía. "La competencia exclusiva en materia de vivienda le corresponde a las comunidades autónomas", ha manifestado, criticando la gestión del Gobierno de Juanma Moreno.

En cuanto al desarrollo de una política de construcción de vivienda social y protegida ha apuntado que es necesario "destinar más recursos públicos a esta actividad productiva", enfatizando la necesidad de herramientas que contribuyan a la construcción de viviendas sociales.

Además, Márquez ha cuestionado la gestión del Gobierno andaluz en materia de ayudas, especialmente para jóvenes. "Tras casi dos años, siguen sin resolverse o sin abonarse los recibos de alquiler joven", ha denunciado, comparando la eficacia con otras comunidades autónomas.

Asimismo, el diputado ha criticado la falta de complementariedad en las ayudas. "15 millones de euros de un programa lo pone el Gobierno de España y solo 2,1 la Junta de Andalucía", ha señalado para luego recordarle que la legislación vigente obliga a garantizar que los gastos de vivienda no superen un porcentaje de los ingresos familiares. "¿Por qué no cumplen la ley?", ha preguntado directamente a la consejera.

Finalmente, ha concluido señalando que el informe del Defensor del Pueblo "pone de manifiesto el grave problema que tienen los andaluces para acceder a una vivienda asequible", atribuyéndolo a "la pésima gestión y la ausencia de políticas de vivienda" del actual gobierno autonómico.